Los juzgados de Estocolmo celebran desde este martes un juicio histórico, en el que dos ex directivos de una empresa petrolera sueca están acusados de ser cómplices de crímenes de guerra cometidos entre 1999 y 2003 en Sudán. En ese momento, la compañía, que entonces se llamaba Lundin Oil –ahora Orrön Energy–, tenía licencia para explorar y explotar una gran reserva de crudo en una zona que ahora corresponde a Sudán del Sur. En plena guerra civil, la empresa pidió al gobierno sudanés que garantizara la seguridad de este área, conocida como Block 5A, para poder realizar su actividad. Y esa supuesta protección condujo al asesinato de 12.000 personas y a la existencia de al menos 160.000 desplazados, según las cifras de organizaciones humanitarias.

Hace diez años, Sudán del Sur declaró su independencia. El camino había sido duro: después de medio siglo de conflictos intermitentes con Sudán, la comunidad internacional reconoció el resultado de un referéndum en el que el 98% de los votantes escogieron la secesión. Una década después, el país sigue con muchos retos pendientes: después de una guerra civil, su población –12 millones de habitantes– se enfrenta a la amenaza de la crisis climática. Mientras en la COP26 de Glasgow se advierte de los peligros asociados al aumento de la temperatura, en Sudán del Sur esta realidad ya hace tiempo que forma parte del día a día. Hace pocas semanas, por ejemplo, sufrió las inundaciones más graves en cuarenta años, que agravaron la situación de los que ya habían sufrido las inundaciones del año anterior.