El caso de cártel en el sector de la automoción destapado en 2015 ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que ha sentenciado en contra de la mayoría de compañías automovilísticas que operan en España. En varias sentencias recientes, el alto tribunal considera probada la existencia de prácticas contrarias a la competencia y valida la sanción que la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) impuso a 26 marcas por compartir información y poder así cobrar precios más altos entre febrero de 2006 y julio de 2013. Una vez sentenciado en el Supremo, los consumidores afectados, que pueden ser millones, podrán reclamar a los fabricantes que les devuelvan el dinero de más que pagaron.