Como ocurre con los teléfonos móviles, a veces hay que constatar lo obvio: el teléfono, además de para ver películas y series o para tomar fotos, también sirve para hablar. Pues ha llegado el momento de hacerlo también con la vivienda, cuando parece haberse perdido la perspectiva en cuanto a su función. No debe olvidarse que, además de mercancía, tal y como lo utilizan aquellos que buscan rendimientos muy altos en el más breve período de tiempo posible, también es un derecho que, de una u otra forma, las administraciones deben vigilar y proteger. Lo recoge la Constitución española en el artículo 47: "Todos los españoles tienen derecho a gozar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y deben establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y deben regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

La propuesta de la Generalitat de declarar 140 municipios como "zona tensada de mercado de la vivienda" para limitar la subida de los alquileres ya tiene respuesta del sector inmobiliario. Hasta siete entidades representativas del sector de la promoción de viviendas, la intermediación y los administradores de pisos se resisten a aceptar esta medida al considerar que limitar el precio contraviene la ley estatal y "no es una solución óptima", por lo que han presentado alegaciones contra la iniciativa del Gobierno.

La compraventa de viviendas se disparó un 22,2% el mes de octubre pasado en relación con el mismo periodo de 2020. Se sumaron 46.242 operaciones, la cifra más grande en este mes desde el ejercicio de 2007, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el adelanto interanual de octubre, la compraventa de viviendas encadena ocho meses consecutivos de tasas positivas, con subidas como la del 107,6% en mayo, del 73,5% en junio, del 53,5% en julio o del 57,9% en agosto.