El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acumula cinco denuncias en el Tribunal Penal Internacional de la Haya por crímenes contra la humanidad. Dos de ellas son por su política negacionista del covid, que ha dejado en el país miles de muertos, y las otras son por genocidio a los pueblos indígenas y por ecocidio. Los propios indígenas brasileños y una ONG austríaca llevaron el año pasado al TPI denuncias paralelas que presentaban los crímenes medioambientales de Bolsonaro como crímenes de lesa humanidad, empezando por la deforestación de la Amazonia. La selva tropical más grande del mundo, y como tal uno de las principales captadoras de CO₂ del planeta, ha perdido 34.000 kilómetros cuadrados de vegetación en los tres primeros años de Bolsonaro (del cuarto todavía no se tienen datos completos). Una superficie equivalente a toda Catalunya más la mitad de las Baleares.

La Comisión Europea quiere perseguir con más contundencia los crímenes medioambientales. La propuesta de nueva directiva europea presentada este miércoles en Bruselas plantea la tipificación de nuevos crímenes como el comercio ilegal de madera, la exportación ilegal de residuos o la extracción ilegal de agua, por ejemplo, y establecer sanciones de manera coordinada que vayan desde multas hasta penas de prisión, pasando por la exclusión del acceso a financiación pública. En el marco del movimiento global creciente que reclama la tipificación del ecocidio en los códigos penales nacionales e incluso en el Tribunal Penal Internacional, la Unión Europea mueve pieza para intentar coordinar a nivel comunitario un endurecimiento de las sanciones y la persecución de estos tipos de delitos.