Padres e hijos dibujan un momento, una historia o anécdota que les ha pasado en casa. Plasman en un pedazo de papel lo que piensan, sienten o no se atreven a decir en voz alta; quizá por miedo, quizá por falta de confianza, o por inseguridad. Es una actividad sencilla, pero poco o mucho ha ayudado a decenas de familias a reforzar su vínculo, debilitado por el sufrimiento de dificultades económicas o por un proceso migratorio que reduce las habilidades parentales. "Ahora mis hijos me cuentan cómo se sienten y eso me ha ayudado mucho", explica Najam Ul Huda. Ella es una de las madres que han recurrido al centro socioeducativo de Poblenou para mejorar la comunicación con sus niños dentro de un programa que busca reforzar las relaciones maternofiliales como herramienta de prevención para la institucionalización de menores, es decir para evitar que la administración tenga que intervenir y separe a los niños de sus progenitores asumiendo su custodia.

Muy rara vez la decisión de retirar una custodia llega a manos de la justicia, y cuando ocurre, casi siempre la sentencia resuelve a favor de la administración. Sólo un 4% de las familias biológicas a las que la DGPPIA (la sigla de la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia que sustituye a la DGAIA)retira la tutela de los hijos recurren contra la medida administrativa que en muchos casos supone para la criatura el ingreso en un centro de acogida o pasar a vivir con tíos o abuelos Y, según datos de la DGAIA, en nueve de cada diez casos pierden la batalla judicial porque el juez avala la decisión de un pero es una fotografía que coincide con los datos más recientes aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): de las 10.000 retiradas de tutelas que se dictan en todo el Estado cada año, un millar de familias recurren a los tribunales y sólo en un 2% de los casos se revocan los desamparos de Marta Tortosa y consejera del Consejo de la Abogacía Catalana (Cicac), hay que tener en cuenta que si hay tan pocos recursos judiciales es porque las familias afectadas "son vulnerables, sin recursos" y no pueden permitirse un abogado por reclamar. "Los abogados de oficio sólo podemos intervenir cuando sea preceptivo por su necesidad, y un procedimiento administrativo contra la DGAIA no es considerado así", apunta en una conversación con el ARA. Sobre cómo es el proceso de decisión de retirar una custodia, Gellida critica: "La administración instruye el asunto, dicta la resolución y además ejecuta el acuerdo. En un estado de derecho siempre hemos tenido presente que la ley la hace uno, lo ejecuta otro, y quien condena es el poder judicial. Incluso en el ámbito penal hay un juez que instruye y otro". Y concluye: "En la DGAIA lo hacen todo, lo que queremos es que haya separación de poderes".

¿Dónde es la activista catarí Noof al-Maadeed? Crece la preocupación entre los grupos de derechos humanos, que reclaman a las autoridades cataríes que muestren pruebas de que la joven, de 23 años y conocida por su lucha feminista, está viva. Se cree que podría estar muerta o haber sido secuestrada. La activista lleva desaparecida desde mediados de octubre, después de volver a Catar desde el Reino Unido, donde había pasado dos años bajo asilo internacional debido a la grave violencia doméstica que hacía años que sufría y la restricción de libertades en su país. Recientemente, había recibido la confirmación desde Catar de que podía volver y estar segura, una promesa que la llevó a viajar de vuelta a su país.