El sábado por la noche, el Colapso entrevistó a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Rosa Romà. Minutos antes, Jordi González expresaba su ilusión de hacerlo porque, por primera vez, se sentaba a una mujer presidenta frente a ella. No es habitual que TV3 entreviste los cargos de su propio ente más allá de razones estrictamente promocionales del medio, porque tiene implicaciones periodísticas que, como mínimo, son poco estéticas. Más aún cuando hay polémicas que afectan al ente que representa y las preguntas no tocan hueso. La finalidad de la entrevista era poco clara: no entendimos si Romano iba para responder a las críticas por los cambios de marca, para promocionar El Maratón o para que se le hiciera un perfil humano. El poti-poti contribuyó a que la entrevista de Jordi González resultara aún más injustificada y servil. Si se hacía por transparencia y potenciar la autoridad de la presidenta, la entrevista tratándola de ti y con la actitud complaciente del presentador sirvió para todo lo contrario. Más bien pareció una limpieza de imagen. ¿Que González empezara con un "Tú, de pequeña, mirabas la tele...?" ya era un indicativo de cómo iría la cosa.

Después de meses de negociaciones, Esquerra, Junts per Catalunya y el PSC han acordado finalmente los nombres para renovar los órganos estatutarios que hacía al menos una legislatura que estaban caducados. Después de una reunión determinante este miércoles entre las formaciones del Govern y los socialistas, han desencallado los nombramientos de hasta siete organismos, entre los cuales el Síndic de Greuges. Rafael Ribó, que tenía el mandato caducado desde hace dos años, será sustituido por la jurista Esther Giménez-Salinas (Barcelona, 1949), con un amplio recorrido en el mundo del derecho y especialista en el ámbito penal. El nombre de Giménez-Salinas es el único, en realidad, que han tenido que consensuar entre los tres partidos, puesto que el Síndic es un cargo unipersonal. Tal como indica la ley que regula esta institución, tiene que ser propuesto por tres grupos parlamentarios y avalado por una mayoría de tres quintas partes del Parlament. Un umbral de 81 diputados que Esquerra (33), Junts (32) y el PSC (33) superan con mucho.