Retomando el hilo interrumpido por la actualidad de Ceuta, continúo con mi propuesta de soluciones practicables para los problemas principales de Cataluña.El turismo supone más del 12% de nuestro PIB. Ahora toca pasar del volumen al valor. El turismo no puede crecer más —estamos ya tensionados—, pero debemos redirigirlo pasando de la cantidad a la calidad, porque es una fuente de riqueza de difícil sustitución a corto plazo.Tenemos dos tipos de turismo: el vacacional y el urbano. El primero es estacional, está ligado a servicios de bajo valor —sol y playa— y tiene poco valor bruto añadido. El segundo, en cambio, está vinculado a negocios, congresos, convenciones, cultura, gastronomía, etc. Son dos actividades diferentes, con impactos sociales y económicos diversos, que requieren tratamientos específicos. Queremos, y debemos conseguir, más calidad y menos volumen; más ingresos y menos personas. Este es el paradigma que se tiene que explicar y que implica unos problemas sociales que es necesario que la ciudadanía entienda. Las medidas que se tomen pueden ser impopulares por incómodas y pueden afectar a los ingresos de los que viven de ello.La conclusión es sencilla: queremos turismo urbano —que genera beneficios en diversos sectores económicos, como la ciencia, la industria o los negocios— y queremos limitar el turismo vacacional —cuyos excesos pueden conducir a la degradación del medio ambiente, a la erosión del patrimonio físico que hace atractiva a Cataluña y a una corrosión de la convivencia social por el rechazo que la actividad genera en parte de la población. Esta dualidad lleva a la necesidad de limitar el alquiler de habitaciones para uso turístico, que agrava la escasez de vivienda. Se ha anunciado su prohibición a partir de 2028, y también la necesidad de controlar a los visitantes diarios, que —provenientes de la costa cercana a Barcelona— suponen unos 7 millones de turistas más, que aportan poco valor pero generan una congestión significativa. Además, Barcelona no tiene el mismo problema que grandes metrópolis como Londres o París. Aunque la dimensión del problema pueda ser la misma, la dimensión de la ciudad no lo es; por tanto, el efecto, en Barcelona, es N veces mayor y afecta a toda la ciudad, y no a la zona monumental, como es el caso de París y Londres.Lo que no se quiere requiere medidas de contención eficaces para evitarlo. Por ejemplo, se podría limitar el número de autobuses turísticos que llegan a Barcelona. La sociedad conoce la realidad turística; la ciudadanía no se opondrá a medidas que busquen contener el turismo vacacional. Se debe limitar su capacidad. Tenemos 150.000 camas en Barcelona. ¿Por qué aumentamos la oferta? ¿Por qué limitamos el número de hoteles en Barcelona pero no en el área metropolitana? ¿Por qué hemos permitido, y ahora corregimos, el alquiler de habitaciones? No tiene sentido, pero se permite. Nos hemos creado el problema y ahora queremos resolverlo. Está bien, pero en estas políticas ha habido incoherencias.

La situación se repitió casi una cincuentena de veces entre 2017 y 2020. Se presentaban como inquilinos, enseñaban documentación falsa para aparentar solvencia y firmaban un contrato Tras pagar la primera mensualidad, a veces alguna más, dejaban de pagar y realquilaban el piso como alojamiento turístico. Algunas veces incluso hicieron obras sin que los propietarios lo supieran para fragmentar el piso en más habitaciones y conseguir más dinero con los alquileres turísticos. años y medio y nueve años de cárcel. Al inicio del juicio las defensas han intentado sin éxito anular la causa para evitar que se llegara a juzgar. Hay 48 perjudicados que reclaman que les devuelvan el dinero de las rentas que no cobraron por aquel entonces y por los daños que dejaron en algunas viviendas. largo, y el tribunal ha bloqueado el calendario para esta causa hasta el jueves 5 de diciembre. La primera jornada se ha dedicado completamente al trámite de las cuestiones previas. Las defensas han pedido que todos los acusados ​​puedan declarar al final del juicio, una vez que se hayan expuesto todas las pruebas contra ellos, y lo harán a finales de la próxima semana.

A 48 horas del primer debate sobre las ordenanzas fiscales del 2025 en el Ayuntamiento de Barcelona, ​​el gobierno municipal de Jaume Collboni aún no tiene garantizados los votos para salir adelante. Pese al preacuerdo alcanzado este domingo con Barcelona en Comú para impulsar la regulación de los alquileres de temporada en la ciudad antes de que acabe el año, los comunes han dejado en el aire este lunes su posicionamiento en la votación del miércoles en la comisión. Tampoco ERC tiene decidido en estos momentos el sentido de su voto.

El gobierno no sólo encauza la regulación de los alquileres de temporada de forma urgente, sino que lo hace esquivando el Congreso de los Diputados. Éstas son las dos aspiraciones del ministerio de Vivienda, bajo la batuta de Isabel Rodríguez, que esta semana ha aprobado y autorizado la tramitación administrativa urgente de un real decreto a través del cual se crea la llamada Ventana Digital Única de Arrendamientos , que pretende ser el filtro de los contratos de alquiler de corta duración, sean turísticos, de temporada o los contratos por habitaciones.

Las comunidades de propietarios tendrán la última palabra sobre la posibilidad de que existan pisos turísticos a su escala. Así lo establece el Tribunal Supremo que, además, ha decidido que no será necesaria la unanimidad de todos los propietarios, sino que será suficiente con una mayoría calificada de tres quintas partes que apoyen el veto.

El informe de renta familiar que publica el Ayuntamiento de Barcelona sirve para constatar con cifras lo que puede verse a simple vista: que existen enormes diferencias económicas entre los barrios más ricos y los más pobres. Sin embargo, en este caso, los datos del ejercicio del año 2021 permiten ver que respecto al año anterior se han conseguido atenuar estas diferencias. Así, el barrio más rico, Tres Torres, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, pasa de tener una renta per cápita de 39.655 euros a una de 37.800, mientras que el más pobre, Ciutat Meridiana, sube de los 9.827 a los 10.929. Los expertos señalan que uno de los factores que explican esta subida superior al 10% en un solo año es el incremento aplicado al salario mínimo, que entre 2019 y 2021 pasó de ser de 736 euros a ser de 965 euros (ahora son 1.134). El bajón en Tres Torres también puede ser la muestra de las dificultades de la clase media. En todo caso, se demuestra que existen medidas económicas que tienen un impacto directo en la reducción de la desigualdad y que, por tanto, mejoran la cohesión social, que es un valor en sí mismo.

Que la llegada masiva de turistas en las ciudades tiene efectos evidentes sociales y económicos no es nuevo. Ahora, sin embargo, un estudio internacional, liderado por la Universidad Rovira i Virgili, ha determinado que el turismo "masivo" comporta un aumento de las desigualdades, mayor riesgo de exclusión social y residencial y también un crecimiento de la precariedad laboral. Éstas son las principales conclusiones del trabajo, que se ha llevado a cabo durante cuatro años y en el que también han participado doce instituciones de siete países europeos. Se ha analizado a fondo el impacto del turismo en Barcelona, ​​Amsterdam, Venecia, Lisboa, Jerusalén, Turín, Edimburgo y Liubliana.

El 2020 fue el año de los hoteles cerrados, los aviones a medio gas y los destinos turísticos vacíos de visitantes, incluso en temporada alta. Aún así, al menos en el espejismo de sus cuentas publicadas en el Registro Mercantil, la sociedad española de Airbnb cerró el año pasado con beneficios. La plataforma de alquiler vacacional acabó el ejercicio con unas ganancias de 914.120 euros, un salto considerable respecto al 2019, cuando el resultado fue de 346.552 euros.