El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del gobierno español ha abierto un expediente a una gran inmobiliaria del Estado. La empresa en cuestión –cuyo nombre el ejecutivo no ha hecho público– posee "miles de viviendas" en todo el país, con pisos en diversas comunidades autónomas, según informa el ejecutivo en un comunicado publicado este jueves.