La Generalitat no ha impuesto ninguna multa contra pisos vacíos desde la aprobación de la medida hace tres años, según ha avanzado La mañana de Catalunya Ràdio. En marzo del 2022, el Parlamento modificó la ley de vivienda para capacitar al Gobierno para multar a los grandes tenedores que tuvieran pisos vacíos durante, al menos, dos años. Sin embargo, desde entonces ni el ejecutivo de Pere Aragonès (ERC) ni el actual de Salvador Illa (PSC) han hecho uso de esta potestad, según ha informado el matinal de la radio pública. Ayuntamientos como el de Barcelona, ​​por el contrario, sí han impuesto sanciones por viviendas no ocupadas.

Se habla estos días de En los márgenes, la primera película de Juan Diego Botto. El filme es un homenaje a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y se atreve con un tema peligroso para los profesionales del cine: la violencia social de las políticas neoliberales. A todos los que la han visto, la película les emociona. Évole la ha elogiado en Twitter y los ministros del PSOE que fueron invitados al pre-estreno (Iceta y Rodríguez) salieron muy conmovidos.

La crisis financiera fruto de la burbuja inmobiliaria que dejó un paisaje habitacional dramático, con miles de familias sin techo, todavía es una realidad social sangrienta. Una realidad que, superada la pandemia, y a pesar de las turbulencias económicas por la guerra de Ucrania, vuelve a hacerse evidente con la subida de precios de los pisos de compra y de alquiler. El mercado siempre reacciona rápido: los inversores, sobre todo extranjeros, no pierden nunca la oportunidad y la vivienda, sobre todo en plazas como Barcelona, sigue siendo una apuesta segura. Los esfuerzos de las administraciones y las reformas legales para asegurar el derecho básico a la vivienda siempre van a remolque. Las entidades sociales no dan abasto. El sinhogarismo y las infraviviendas son una evidencia visible a la que todos nos hemos acostumbrado. Los jóvenes no tienen más remedio que compartir vivienda si se quieren independizar y lo tienen muy difícil para encontrar un hogar estable como el de sus progenitores.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un informe crítico con la ley de vivienda del gobierno español. Esto no obstaculizará, sin embargo, que la normativa vaya al consejo de ministros del próximo martes, una vez el órgano de gobierno de los jueces ya ha expresado su criterio, que no es vinculante. El proceso se ha tenido que atrasar porque la primera propuesta que llegó al pleno del CGPJ, el 14 de enero, fue rechazada. Ahora el informe redactado por los vocales José Antonio Ballestero (PP) y Enrique Lucas (PNV), que señalan que la norma vulnera competencias autonómicas y pone trabas al derecho de la propiedad privada, ya ha reunido suficientes votos.

El gobierno español no podrá aprobar en consejo de ministros el anteproyecto de ley de vivienda el próximo martes. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido elaborar una nueva ponencia de informe sobre la normativa, después de que el pleno haya rechazado este viernes la que había planteado el vocal propuesto por el PSOE, Álvaro Cuesta. Él era partidario de avalar la ley, pero 15 de los 21 miembros han votado a favor de un texto que enmendaba sus consideraciones. Así, el 27 de enero se celebrará un nuevo pleno del CGPJ en el que se votará la propuesta que elaboren Enrique Lucas –vocal impulsado por el PNB– y José Antonio Ballestero –por el PP–. Sea cuál sea el sentido final del informe definitivo, el ejecutivo podrá aprobar igualmente la ley porque este no será vinculante.