En 2021 el Ayuntamiento de Barcelona, ​​entonces liderado por Ada Colau, salió adelante un nuevo Plan Especial Urbanístico para limitar drásticamente los establecimientos de juegos de azar en la capital catalana. Se definió que no se pudieran instalar este tipo de locales a 800 metros en la redonda de los centros escolares ni a 450 metros de otros equipamientos como centros sanitarios y bibliotecas. En la práctica esto hacía inviable encontrar un punto donde poder instalarlo. Ahora el Tribunal Supremo ha tumbado parte de esta norma y el Ayuntamiento de Jaume Collboni ha optado por suspender la aprobación de licencias mientras se redacta una nueva regulación.

En junio de 2023, el Ayuntamiento de Sant Cugat sufría un colapso que fue polémico. El consistorio tenía entonces 145 licencias de obras en el cajón sin tramitar y el período de aprobación llegó a superar los 24 meses. Era un colapso histórico que convirtió a Sant Cugat en la ciudad catalana en la que más se tardaba en obtener licencias de obras. La ciudad vallesana logró superar la situación principalmente con contratación de más técnicos en el Ayuntamiento y, hoy en día, ha rebajado a unos 70 días la resolución de licencias.

Más allá del coste que suponía para el Parlament mantener prácticamente el 100% del sueldo de 21 funcionarios que ya no trabajaban en él en abril de 2021 -1,7 millones de euros-, el otro hecho relevante alrededor de los datos destapados por el ARA el lunes es la dificultad que tuvo este diario para acceder a ellos. Han hecho falta nueve meses para que la cámara catalana respondiera sobre el uso que hace de los recursos públicos. ¿Por qué motivo?¿ Qué eslabón de la cadena de transparencia ha fallado?