La empresa cobradora de Endesa, DPS Consulting, tendrá que responder ante la justicia por sus métodos a la hora de reclamar facturas impagadas. La denuncia de una clienta fue admitida a trámite en diciembre de 2020 y ahora, una vez finalizada la investigación del caso, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) junto con Arrels Advocats (que defienden a la clienta) se han presentado como acusación y piden penas de hasta dos años de prisión para tres miembros de este bufete de impagos: la trabajadora que hizo la llamada y dos directivos. Los acusan de un delito de estafa en grado de tentativa, coacciones y usurpación de funciones públicas, porque la cobradora se hizo pasar por una funcionaria de los juzgados y amenazó con embargar las cuentas de la clienta de Endesa –considerada como vulnerable– si no pagaba las facturas pendientes.