La política no debería ser un oficio. En un sistema democrático óptimo nuestros representantes deberían salir de la sociedad misma y, por tanto, tener ya un trabajo propio, un oficio. Son tan insólitos los casos de quienes vienen de trabajar y vuelven a trabajar una vez acabada su tarea, que su caso se convierte en noticia, como pasó con Julio Anguita. Los expresidentes, además, tienen paga vitalicia, secretaria, despacho y chofer con escolta, tanto si estuvieron en el cargo media vida como si no duraron más que unos meses. Una jubilación de lujo, a los antípodas de las viudas que cobran la mínima. El establecimiento de estos privilegios ya es un escándalo y establece un agravio comparativo del todo injusto con el resto de trabajadores. (Bueno, yo soy autónoma, de manera que ya sé qué me espera el día que no pueda enlazar dos frases seguidas y que me paguen por hacerlo: convertirme en una abuela okupa y antisistema como mínimo.)

El Parlament de Catalunya ha llegado a un acuerdo con los funcionarios de la Cámara para acabar con el litigio judicial que los trabajadores habían presentado fruto de los intentos de recortar alguno de los privilegios laborales que mantienen. El premio de jubilación –una anualidad entera que cobraban en el momento de jubilarse– es uno de los que protagonizaban el toma y daca entre las partes. Por último, se mantendrá hasta el 2050, aunque aplicando un tope: los que se jubilen hasta finales de este año cobrarán 89.667 euros como máximo (la mayoría de los trabajadores no pasa de esta cifra, pero altos cargos de la cámara tienen sueldos superiores a los 200.000 euros anuales) y la cifra se irá reduciendo progresivamente hasta 2050. En 2029, por ejemplo, será de 57.387 euros. Antes de este año se habrán jubilado unos setenta funcionarios de la cámara. En 2040 la cifra máxima será de 25.000 euros y en 2049 de 2.500.

Que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. El consejo bíblico –para que no se haga alarde de la caridad cuando se da limosna– me viene a la cabeza viendo ciertas decisiones públicas contradictorias. No hablo de propuestas tibias para contentar a todos ni de dar marcha atrás por falta de apoyos, sino de anunciar una medida con un propósito loable mientras, simultáneamente, se aplica otra que va en sentido inverso. Cuando el diablo extiende la capa, por un lado tapa y por otro destapa.

La secretaria general del Parlament, Esther Andreu, está analizando si una queja de la archivera Blanca Martínez –miembro del órgano de transparencia de la cámara– contra el ex letrado mayor Antoni Bayona merece activar el protocolo contra el acoso psicológico del Parlament. Es lo que le encargó la mesa de la cámara el pasado 18 de enero, después de que la propia Andreu les trasladara que Martínez había dimitido del ente a finales de noviembre por "una respuesta extemporánea y desmesurada" de Bayona, que la habría apuntado "con acusaciones inconcretas pero contundentes de no actuar con imparcialidad" –según el escrito de la archivera avanzado por Efe y El Periódico.