El día 9 de noviembre de 2017 toda la atención política y mediática en Cataluña estaba concentrada en la plaza Villa de París de Madrid, en el Tribunal Supremo. Por allí desfilaron los miembros de la mesa del Parlament, encabezados por Carme Forcadell, con la amenaza de acabar en prisión preventiva –así fue esa noche para la presidenta de la cámara–, tal y como pocos días antes le había ocurrido a medio Gobierno de la Generalitat y también a los líderes del ANC y Ómnium —Carles Puigdemont ya era en Bélgica—. Mariano Rajoy estaba al frente de la presidencia del gobierno de España y hacía poco más de diez días que había aplicado el 155 para aplacar la declaración de independencia en el Parlament. Pero mientras todo esto ocurría y Cataluña vivía las semanas más tensas desde la restauración de la democracia, el Área de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra tenía el ojo puesto en otro sitio: en la empresa Messer Ibérica de Gases SA (Tarragona). Aquel día estaba previsto un cacheo que les llevó, de forma inesperada, a destapar uno de los casos de presunta de corrupción más sofisticados desde el fin de la dictadura: el caso Montoro.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tumbado la normativa española que obliga a declarar los bienes y derechos en el extranjero de los residentes fiscales en el Estado. Se trata del llamado "modelo 720", que, según el TJUE, impone multas "desproporcionadas" y vulnera el principio de libre circulación de capitales en la Unión Europea. Así, el tribunal con sede en Luxemburgo da la razón a la Comisión Europea, que ya en 2017 recurrió esta normativa después de pedir reiteradamente a España que la cambiara.