La implantación de la eólica marina en el Estado se está convirtiendo en un proceso largo y tortuoso cargado de capas y matices. Por un lado, por la lucha entre partidarios y detractores de los parques, sobre todo por el impacto medioambiental. Por otro lado, por la división e intereses entre los partidarios de esta energía renovable por cómo debe implantarse en las diferentes zonas prioritarias aprobadas por el gobierno español a finales de febrero con el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). Además, también existe la posibilidad de que el gobierno español decida optar por una implantación a dos velocidades.

El Parque Tramuntana es el más conocido, pero sobre la mesa del ministerio para la Transición Energética hay un total de seis proyectos para desarrollar la eólica marina en el golfo de Roses. De todos ellos, seguramente sólo uno terminará saliendo adelante. Con poco ruido, hace tiempo que negocian con el gobierno español cómo debe ser el marco regulador de la eólica marina en el Estado. Son los criterios que está previsto que se aprueben antes de que acabe el año, y que darán el pistoletazo de salida al concurso ya la subasta, previstos para el 2024, después de que en febrero se aprobara el mapa de la eólica marina, que define en qué sitios se podrán erigir molinos dentro del mar Mediterráneo o del océano Atlántico.

El debate sobre el futuro parque eólico que se quiere hacer en la bahía de Roses está todavía muy encendido. En el territorio hay una plataforma muy activa que agrupa a varios sectores ecologistas y económicos que se oponen, pero desde la administración, tanto la catalana como la estatal, se tiene clara la apuesta por este tipo de energía y se querría que los proyectos pudieran empezar cuanto antes mejor.

La consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, ha admitido este viernes que el parque eólico marino Tramuntana, de 500 MW, ante la costa de Roses, puede jugar "un papel importante" en la descarbonización de Catalunya, a pesar de que ha recordado que la instalación no depende de la Generalitat, sino del gobierno español, porque tiene más de 50 MW y es en aguas exteriores. Jordà ha insistido que el Govern velará por que las cosas "se hagan con rigor y bien", protegiendo el caladero pesquero y las aves de la zona, y con una línea de evacuación de la energía sepultada.