La contratación pública no es sólo procedimiento: es política industrial, es mejor servicio para la ciudadanía y es una palanca de sostenibilidad. La Unión Europea sitúa esta actividad en torno al 16% del PIB, una magnitud que nos indica que estaríamos ante una palanca con potencial para transformar el país.

Más del 70% de los contratos de la Generalitat y el sector público catalán, excluyendo a los de emergencia, incorporan cláusulas sociales. El pasado año, etapa en la que gobernó ERC hasta mayo y el PSC a partir de agosto, se firmaron un total de 16.295 contratos, por un importe de 3.884 millones de euros. De éstos, el 71,5% del número y el 76,5% del volumen económico global asignado incorporaron alguna cláusula social. En términos absolutos, esto se traduce en 11.656 contratos con medidas sociales por importe de 2.971 millones de euros, "la cifra más alta jamás registrada", según los datos de la Conselleria de Economía.

La Generalitat ha aprobado un decreto ley para acelerar la ejecución de las obras públicas y ampliar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos de la administración catalana, según ha informado este martes el propio Govern.

Cuando en marzo del 2020 estalló la pandemia de la cóvid-19, el gobierno español decretó el estado de alarma y, con él, el aval para acelerar cualquier contratación pública para comprar material sanitario o lo necesario para hacer frente a la crisis. El procedimiento de emergencia, hasta ese momento utilizado de forma anecdótica y reservado para casos "de eventos catastróficos", pasó a utilizarse en prácticamente todas las adjudicaciones de las administraciones. Significaba dar vía libre a las contrataciones a dedo y rápidamente les organismos supervisores independientes empezaron a alertar de la falta de controles de este tipo de contratos, ya fuera por la inmediatez con la que debían tomarse las decisiones o por el abuso que se hizo.

"El problema ya no es solo que un ayuntamiento fije como criterio para una contratación que se hagan trabajos sin remunerar, sino que, cuando se les pregunte, defiendan que esto es correcto, que vean bien pedir a alguien que trabaje sin cobrar". Es la queja que hace llegar un lector, indignado con las bases del contrato menor con concurrencia que ha sacado a licitación el Ayuntamiento de Barcelona para conseguir los servicios de un fotógrafo para el área de Seguridad y Prevención, la que capitanea Albert Batlle (PSC). Según se establece, lo que se valora es, con 70 de los 100 puntos posibles, que el licitador ofrezca el precio más ajustado sin que llegue a ser anormalmente bajo. Y los 30 puntos restantes se obtienen solo si los candidatos se prestan a hacer más trabajos fuera del contrato... y sin ninguna remuneración.

Las conclusiones a las que ha llegado la Sindicatura de Cuentas después de analizar las cifras del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) se podrían resumir en el hecho de que los responsables de esta empresa pública se saltaban la normativa para poder hacer y deshacer al margen de cualquier control. Así, podían adjudicar contratos públicos o subvenciones a dedo y sin tener que dar explicaciones. Muchas de estas operaciones eran irregulares. El ARA ya publicó una investigación en septiembre del 2018 para denunciar que el organismo, que entonces estaba dirigido por Oriol Puig, había adjudicado diferentes servicios y trabajos de manera irregular. Algunos procesos habían salido adelante con la única firma del director (vulnerando la regulación de este ente público) porque los técnicos no querían autorizar que se pagaran unos precios que consideraban inflados.

Dos años después del inicio de la pandemia empiezan a aflorar los errores que se cometieron, fruto de la urgencia del momento, en términos de contratación pública. La Sindicatura de Cuentas, el órgano que fiscaliza y controla dónde va a parar el dinero público, ha detectado numerosas irregularidades formales en los más de 200 contratos que ha analizado (adjudicaciones de emergencia y de urgencia) que se hicieron durante aquellos meses. También ha encontrado incongruencias en las fechas, servicios que se facturaron y no llegaron nunca y otros que, en cambio, se mantuvieron en el tiempo por encima de lo que permitía el contrato.