Uno. Dos. Tres. Son los rasgos que han resonado este lunes por la tarde en una zona residencial de Castelldefels, en el Baix Llobregat. Eran aproximadamente las 16 horas. A plena luz del día, un hombre paseaba por la calle Doctor Fleming de esa localidad cuando, de repente, otro hombre se le acercó y le disparó tres disparos. Lo ha hecho cerca, sin intercambiar palabra. Ésta es la versión de un testigo que lo ha presenciado y que han recogido los Mossos d'Esquadra, que ya están investigando este nuevo crimen en Catalunya.

Castelldefels ha cambiado mucho, en un siglo. A finales del XIX, miraba de espaldas al mar, en parte por culpa de las marismas, que provocaban muchas fiebres entre los vecinos. Con apenas 300 habitantes, era un pueblo dedicado a la agricultura. Cierto es que algunos pueblos del Baix Llobregat ya iban cambiando de piel, entonces, con la llegada de las fábricas, pero el tiempo pasaba lentamente, en Castelldefels. Pero hace 130 años, el 26 de agosto de 1893, la villa sufrió un estremecimiento del que se hablaría durante décadas. “Han sido hallados dos cadáveres en la casa rectoral de Castelldefels, junto a la iglesia del castillo. Eran los cuerpos desangrados del cura Jacint Orta y su sobrina Rita Bosch. El primero había recibido 27 puñaladas y la joven tenía heridas de escopeta y otras de arma blanca”. En un pueblo de gente humilde que llenaba la iglesia, el asesinato de su cura provocó un fuerte impacto. La prensa barcelonesa siguió el caso, centrándose mucho en la figura de Jacint, cuando en realidad, para entender el caso había que hablar de Rita.

Los días siguientes del ataque a un centro de menores extranjeros de Castelldefels, la Generalitat calificó el asalto de “racista”. Lo dijo en marzo de 2019 el entonces secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós (ERC) –ahora secretario general de Interior–, que anunció que el Govern se personaría en la causa judicial. Efectivamente, la Generalitat ha actuado como acusación, pero este martes, cuando se hizo el juicio en la Audiencia de Barcelona, retiró casi todos los delitos que pedía inicialmente: de odio –contra los derechos fundamentales–, desórdenes públicos, atentado contra funcionarios y lesiones. Solo mantuvo el de daños. Antes del juicio, la petición era de siete años y medio de prisión para los cuatro acusados y una multa de 16.500 euros, pero al final se adhirió a la petición de la Fiscalía, que también redujo las penas. ¿Por qué este cambio?

El Obispado de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) ha apartado de sus funciones a un sacerdote adscrito a la parroquia de Santa Maria de Castelldefels acusado de exhibicionismo y de pedir favores sexuales a cambio de remuneración a menores de edad. Así lo ha hecho público el mismo obispado en un comunicado este viernes. El religioso J.M.A.M. fue detenido el jueves y puesto en libertad al cabo de unas horas, después de que los Mossos d'Esquadra registraran su domicilio "en el marco de las diligencias previas en curso por un presunto delito relacionado con conductas impropias con menores, acontecido fuera del recinto y de las actividades parroquiales". El obispado se enteró del caso el mismo jueves, después del aviso de las autoridades judiciales.