El Ayuntamiento de Barcelona está más que orgulloso del trabajo que ha hecho hasta ahora su unidad antidesahucios, el SIPHO. Según remarca, esta unidad, gracias al apoyo de los movimientos vecinales, consigue que nueve de cada diez desahucios de los que tienen constancia se frenen, pero considera que necesita muchas más manos para poder reforzar la mediación y evitar que la comitiva judicial llegue a presentarse a las puertas de familias vulnerables. Si hasta ahora la unidad tenía 16 profesionales, este año se añadirán 30 más para llegar a los 46, la mayoría destinados a estar a pie de calle, pero también a un equipo jurídico pensado específicamente para negociar con juzgados. La ampliación de efectivos también persigue que cada familia pueda tener un profesional de referencia y supone pasar de una inversión municipal anual de 700.000 euros al año a una de 2,5 millones. El nuevo contrato, que se adjudicará el último trimestre de este año, tendrá una dotación de cinco millones de euros, será válido para dos años y podrá prorrogarse durante dos años más.