El historiador estadounidense Mark Bray, especializado en derechos humanos, terrorismo y radicalismo, y autor deAntifa. El manual antifascista (Capitán Swing), decidió irse de Estados Unidos con su familia en octubre del año pasado. Se había convertido en un blanco en la diana de la extrema derecha auspiciada por Donald Trump. Ahora vive en Madrid y este viernes ha participado en el Enfoquem, el foro de las soluciones que organiza el ARA. Durante su intervención, ha explicado cómo los movimientos neofascistas adoptan formas que solían pertenecer a las protestas de la izquierda, pero sin su contenido. "Utilizan la violencia no como instrumento, pero sí como valor para retornar a un pasado imaginario donde las jerarquías son respetadas", sentenció. El autor denuncia también al régimen patrimonialista que impera en Estados Unidos, donde los límites entre la esfera pública y los beneficios privados son cada vez más difusos.

La organización neonazi Núcleo Nacional cuenta ya con algunos militantes en Catalunya y esta semana anunció que el sábado inauguraba su sede en Catalunya. Lo ha hecho rodeado de misterio porque hasta una hora y media antes de la inauguración, no ha comunicado dónde sería el acto. El objetivo era evitar que la izquierda independentista y el movimiento anarquista se organizaran para boicotear el evento.

Ocho militantes antifascistas han sido detenidos este martes por presuntamente haber agredido a seis agentes de la Guardia Civil durante una protesta el pasado 18 de octubre contra la presencia en la localidad de Pego (Marina Alta) de miembros del grupo radical Gandiblues. Los seguidores de extrema derecha habrían recorrido el municipio coreando consignas fascistas antes de la celebración del partido de fútbol entre el equipo local y el Gandia (Safor).

Desórdenes, desobediencia y atentado a la autoridad. Son los delitos que el magistrado del juzgado de instrucción número 2 de Dénia imputa a los 12 militantes antifascistas de Pego detenidos ayer martes por presuntamente haber agredido a seis agentes de la Guardia Civil durante una protesta el pasado 18 de octubre contra la presencia en la localidad de la Marina Alta de miembros del grupo radical Gandiblues. De los 12 jóvenes, todos vecinos de Pego y con edades entre los 18 y los 32 años, uno todavía se encuentra bajo custodia policial después de que su detención se haya producido este miércoles. También es distinta la situación de dos militantes a los que, además, imputan el delito de amenazas y de otro a quienes también imputan el delito de odio.

Las defensas de los 14 militantes antifascistas de la localidad valenciana de Pego (Marina Alta) acusados ​​de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones durante una contramanifestación convocada en respuesta a la presencia en el municipio de seguidores de extrema derecha, que recorrieron la población coreando consignas fascistas antes de la celebración de un partido de fútbol entre el equipo local y el CF Gandia (Safor), han llegado a un acuerdo con las acusaciones y no entrarán en prisión.

Una condena de 8 años y 11 meses de cárcel para 12 militantes antifascistas por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones; y una de 4 años y 9 meses para otros dos activistas por los delitos de desórdenes públicos y amenazas. Es la petición registrada por la Fiscalía, avanzada este martes por Eldiario.es, en la causa que investiga los disturbios registrados en la localidad de Pego, en la Marina Alta, el 18 de octubre de 2020 durante una contramanifestación convocada en respuesta a la presencia en el municipio de seguidores de extrema derecha, que recorrieron la población coreando consignas fascistas antes de la celebración de un partido de fútbol entre el equipo local y el Gandia (Safor). Durante las protestas seis agentes de la Guardia Civil habrían resultado heridos al "ser golpeados por piedras, adoquines e incluso una tapa de alcantarilla" que los militantes antifascistas habrían lanzado cuando los seguidores ultras abandonaban el estadio de fútbol escoltados por los cuerpos de seguridad , según el ministerio público.