A la familia Martínez Mejía les han denegado cuatro veces una hipoteca, a pesar de que les avala el sueldo de los cuatro miembros, y tienen que continuar viviendo de alquiler en un piso de La Torrassa —un barrio de L'Hospitalet en el que el 54% de los vecinos han nacido en el extranjero— que casi se cae a pedazos. El piso es tan pequeño que uno de los hijos, en la veintena, tiene que dormir en la habitación con los padres. A los Khan, la buena nómina que aporta el padre no les abre puertas de las viviendas que les gustan y que podrían pagar. “Ni con dinero puedo vivir donde quiero”, se queja Atusa Khan. El matrimonio y las dos hijas pequeñas están realquilados en el barrio de El Raval de Barcelona –con un 64% de los vecinos nacidos en el extranjero.

En la exposición Alojar las mayorías, Barcelona 1860-2010, comisariada por Manel Guardià y Maribel Roselló, del museo de la vivienda de Barcelona, sede del MUHBA en las antiguas casas baratas del Bon Pastor, se puede observar un cartel de los años 60 de una empresa constructora en el cual se muestran múltiples promociones residenciales sobre un mapa de Barcelona. El cartel tiene como título “Pisos pisos pisos pisos” y deja entrever en buena medida cómo fue la respuesta que se dio desde finales de los años 50 al problema de acceso a la vivienda y el chabolismo a través del Plan de Urgencia Social de Barcelona de 1958. Este plan, centrado en la máxima producción de “pisos” posible de la manera más barata (a través de los conocidos como “polígonos de vivienda” se construyeron cerca de 128.000 viviendas en unas 922 hectáreas) derivó en lo que se bautizó posteriormente como chabolismo vertical, es decir, nuevos sectores residenciales con edificios con patologías constructivas, viviendas precarias y sin dotaciones públicas. Y en una nueva dimensión metropolitana segregada socioespacialmente.

Sociólogo, educador social, y profesor titular de sociología de la educación en la Universidad de Vic (UVic), Jordi Collet no entiende la diversidad como nada diferente de la normalidad, y por eso, tampoco entiende que desde dentro se viva como un problema. Defiende realizar un cambio de mirada y repensar la escuela para aprovechar los recursos de una manera diferente a la que se ha hecho hasta ahora. Lo explicó en una conferencia en la Escola Projecte, en el marco de la presentación de los primeros premios de la Fundación Hermini Tudela que buscan, justamente, las mejores prácticas de inclusión.

Uno de cada tres alumnos catalanes se encuentra en situación de pobreza, según la reciente encuesta de condiciones de vida del Institut d'Estadística de Catalunya. La cifra es alarmante, pero resulta más grave si se tiene en cuenta que buena parte de estos niños y jóvenes estudian concentrados en centros educativos segregados, es decir, en escuelas que no reflejan la composición social de sus barrios.

Castelldefels y Badalona tienen un porcentaje muy similar de población extranjera. En la primera ciudad es del 21,5% y en la segunda del 21,6%, según datos del Idescat. Ambas están por encima de la media catalana (16,3%) y de la del área metropolitana (18,1%), pero el origen de la inmigración es muy distinto: en el primer caso el 61,3% es europea y en el segundo predomina en un 42,3% la procedente de Asia. La percepción sobre la segregación urbana étnica, presente en ambos municipios, varía. ES decir, la cosa, como siempre, va de ricos y pobres. Y va de segregación residencial, que de forma lenta pero continuada va creciendo también.

El 21 de diciembre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès pactaron una ley española de plurilingüismo, en aplicación del programa de Esquerra para las últimas elecciones. A diferencia de la reforma del régimen lingüístico de la Unión Europea, una ley española de plurilingüismo depende sólo de la voluntad del legislador español, y dado que en la actual coyuntura política tal voluntad se puede dar por hecha es oportuno que hablemos de esta ley con cierta inmediatez.

La última propuesta "constitucionalista" del PP consiste en una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía, que será el papo contra el que los patriotas españolistas proyectarán, en los próximos meses, odios y entusiasmos. La enmienda se presenta como una medida disuasoria contra lo que el PP llama “deslealtad constitucional”, e incluye dos propuestas llamativas: la ilegalización tanto de los referendos de autodeterminación como de las declaraciones de independencia, y la disolución de los partidos y /u organizaciones que los promuevan. Varios juristas (progresistas, de acuerdo) alertan de que vuelve a tratarse de una propuesta involucionista, y que, en concreto, la idea de disolver partidos políticos entra en un terreno altamente fangoso y dudosamente democrático. En realidad, se trata de un clásico del arsenal retórico de la derecha: endurecimiento del Código Penal contra lo que no les gusta. En ese caso, por partida doble: por un lado, se trataría de recuperar (ampliado, y rebautizado como deslealtad constitucional) el delito de sedición. Y por otro, lo que se propone vuelve a ir en la línea de la Ley de Partidos de la época Aznar: leyes hechas a medida para dejar fuera de la ley al adversario al que se quiere impedir que pueda participar en el debate público. En ese momento se trataba de la izquierda abertzale, ahora del independentismo catalán.

Dedicar 20 millones de euros a segregar a los alumnos por lengua, como ha decidido hacer el gobierno de las Islas Baleares, es un hecho de una gravedad sin precedentes. Esta expresión (“gravedad sin precedentes”) puede sonar como una frase hecha, pero en este caso es literalmente cierta. No es exagerado decir que es el hecho más grave que ha pasado hasta ahora en la política y el autogobierno de Baleares, y no será porque no le hayan pasado muy graves a lo largo de los últimos cuarenta años.

Con las algaradas de julio en Nanterre protagonizadas por jóvenes y adolescentes en protesta por la muerte de un chico de origen argelino se ha vuelto a proyectar la sombra de si una situación similar podría acabar ocurriendo en Catalunya. El miedo es que este estallido se haya producido por la combinación explosiva de la pobreza imperante en los barrios marginales con mayoría de inmigrados y la desigualdad entre los descendientes de los inmigrados y la población autóctona.

Finalmente serán dos las escuelas catalanas vinculadas al Opus Dei que mantendrán niños y niñas separados en la ESO y que, por lo tanto, perderán la subvención de la Generalitat y pasarán a ser privadas en la etapa de secundaria: la escuela Viaró, de Sant Cugat y solo masculina, y Camp Joliu, de L'Arboç, que tiene chicos y chicas pero en clases separadas. El departamento de Educación confirmó la semana pasada en rueda de prensa que no les renovará el concierto educativo porque no han comunicado ningún cambio y separar por sexos en la escuela contradice la Lomloe (la ley Celaá), que prohíbe explícitamente que estos centros reciban fondos públicos. 

De 16 centros educativos concertados que separaban a los alumnos por sexo en Catalunya, solo quedarán cinco. El grupo Institució Familiar d'Educació, que gestiona diez escuelas en Catalunya, ha anunciado que los grupos de ESO se ofrecerán como mixtos en la preinscripción del curso que viene. La medida, avanzada por el Diari de Girona, afecta a los centros de La Farga de Sant Cugat del Vallès (hasta ahora solo de chicos), La Vall (hasta ahora sólo de chicas), Les Alzines (de chicas) y Bell-lloc del Pla (de chicos) de Girona e Institució Tarragona (formada por los centros Aura, de chicas, y Turó, de chicos), y se suma a lo que ya habían hecho los centros de Igualada (Montclar y Mistral) y de Lleida (Terraferma y Arabell). En total, quedarán cinco escuelas en Catalunya que separarán a niños y niñas, y son los que están más vinculados al Opus Dei: Xaloc y Pineda, en L'Hospitalet; Viaró, en Sant Cugat; Camp Joliu, en L'Arboç, y Canigó, en Barcelona.