Esther Andreu no es ninguna recién llegada al Parlament. Hace unas tres décadas que trabaja allí a pesar de que nunca había formado parte del núcleo decisorio del alto funcionariado –dominado por la omnipresente Imma Folchi hasta el 2015– hasta que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la ascendió a secretaria general. Si bien durante la legislatura anterior, con Xavier Muro, este cargo ya estuvo en el punto de mira por la retirada del escaño al entonces president Quim Torra, en el caso de Andreu las polémicas se han multiplicado desde que tomó posesión. La última, la semana pasada, puesto que como avanzó la agencia Efe su hijo ha conseguido una plaza de ujier en el Parlament y Andreu no informó a la mesa de que tenían una relación de parentesco.

El Parlament decidió revocar las licencias por edad después de que el ARA destapara que pagaba 1,7 millones anuales a 21 funcionarios que ya no trabajaban y, por lo tanto, ningún funcionario actual de la cámara podrá acceder a ellas. Ahora bien, quedó en standby una decisión también importante: qué hacer con estas prejubilaciones ya concedidas. Por un lado, los 21 funcionarios que ya están disfrutando desde casa cobrando en algunos casos alrededor de 10.000 euros al mes y, de la otra, las doce personas a las cuales la secretaria general, Esther Andreu, autorizó estas licencias durante el 2021 pero que todavía no habían entrado en funcionamiento. Sobre esto, la mesa del Parlament encargó un informe a los servicios jurídicos que ha generado un choque sin precedentes en el cuerpo de letrados de la cámara. Según varias fuentes consultadas por el ARA, el letrado mayor, Miquel Palomares, estaba pilotando el informe junto con otros letrados a lo largo de las últimas semanas y, entre sus conclusiones, no solo avalaba la posibilidad de revocar las 12 licencias por edad concedidas –pero no ejecutadas– durante el 2021, sino que también preveía la opción que se revocaran las 21 que actualmente son vigentes. ¿Con qué argumento? Principalmente porque están en una situación de servicio activo como funcionarios y por eso las licencias por edad no se pueden considerar un derecho ya consolidado. También añadía que la eliminación de las licencias, después de varias modificaciones y de la alarma social que generaron, no era imprevisible para los trabajadores de la cámara.