Desde el año 2019 existe una directiva de la Unión Europea que obliga a proteger a los alertadores contra la corrupción tanto en el ámbito público como privado, con el fin de prevenir posibles represalias que puedan tener para denunciar malas prácticas. El Estado ya transpuso la normativa a una ley propia –que obliga a todas las entidades a tener canales internos y externos de denuncia– y ahora el Gobierno de la Generalitat se dispone a realizar su regulación, más allá de los canales de denuncia internos que ya tiene el ejecutivo. En los últimos tiempos, se ha puesto en evidencia que a pesar de la existencia de la figura de los alertadores, los afectados consideran que no están teniendo la protección efectiva, que en Cataluña recae en la Oficina Antifrau. De hecho, el propio Gobierno admite que existen "vacíos legales" en el contexto legislativo actual.