Miquel (nombre ficticio) tiene 36 años y está a punto de comprarse un piso en Barcelona, en el barrio de Sarrià. Su madre "ha pagado bastante más de la mitad del piso" y él se hipotecará para conseguir el resto de la financiación. "Sin la ayuda de mi madre no me habría sido posible, y hemos tenido que hacer muchas reuniones con el banco para ver exactamente cómo lo hacíamos", explica al ARA.

España es cada vez más un país de inquilinos y no un país de propietarios. La proporción de hogares que tienen la vivienda principal en régimen de propiedad continuó descendiendo en 2023 y 2024. En concreto, si en 2022 la residencia habitual en propiedad suponía un 72,1% del total de los hogares, hace dos años la cifra caía al 70,6%, tal como se desprende de la nueva Encuesta Financiera de las Familias (EFF) correspondiente al año 2024 y que el Banco de España elabora cada dos años. La cifra queda lejos del 90% de hogares que vivían en una vivienda en propiedad en el año 2011. De hecho, en el informe de este año, publicado este jueves, el organismo supervisor destaca que uno de los "problemas persistentes" de la economía española desde 2022, cuando se publicó la última encuesta, continúa siendo la dificultad para acceder a una vivienda. "Condiciona de forma importante la situación económica y financiera de las familias", hasta el punto de que se ha convertido en una "tensión persistente", se desprende del informe.

Los registradores de la propiedad pretenden crear un registro de los pisos turísticos que hay en Catalunya para poder dar seguridad jurídica tanto a la persona que pretende alquilarlo como a los vecinos del inmueble, y que permitiría a la vez luchar contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. En un encuentro con periodistas, el decano, Vicente J. García-Hinojal, ha detallado uno de los proyectos que el nuevo equipo de gobierno pretende impulsar: el Regturi. Se trata de una iniciativa que ya se ha trasladado al departamento de Justicia y a Junts y ERC, y que requeriría salir adelante en el Parlament un proyecto de ley que se alargaría como mínimo dieciocho meses. Según los registradores, que ya tienen una redacción del proyecto, tendría un coste cero para la administración. Superado el trámite parlamentario, "en cinco meses estaría funcionando" porque tienen "las plataformas tecnológicas más avanzadas de la administración", ha dicho García-Hinojal, que bien pronto tiene previsto encontrarse con el departamento de Economía y Empresa.