Que el acceso a la vivienda sigue siendo casi una utopía para buena parte de la población, aunque está reconocido como derecho al artículo 47 de la Constitución, es evidente. La compraventa es difícil y, especialmente, el alquiler por residencia habitual es caro, con incrementos muy por encima de los salarios y una oferta muy limitada. Por eso Catalunya, que ya tenía previsto durante la anterior legislatura contener las rentas que perciben los propietarios, fue la primera en aplicar los topes en las llamadas zonas tensionadas, previstos en la ley de la vivienda que el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar logró aprobar hace casi dos años.

Fue uno de los agujeros de la ley estatal de vivienda y ahora los movimientos sociales mueven ficha para taparla. Se trata del alquiler de temporada, una opción que se ha disparado en los últimos meses en ciudades como Barcelona y que presiona al alza a los precios de la vivienda. Este miércoles, los sindicatos de inquilinos del Estado han presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para remediarlo.

Cualquier reunión de infraestructuras entre el Estado y la Generalitat implica hablar del traspaso de Cercanías, una de las exigencias históricas de los partidos independentistas. Sin embargo, este miércoles, en una reunión entre la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, y la consellera de Territori, Ester Capella, esta materia casi ni se ha abordado. De hecho, ni formaba parte del orden del día. A las puertas de una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente español, el traspaso "integral" de Cercanías es uno de los temas que se quiere desarrollar a cambio de apoyar a Sánchez, como mínimo por parte de ERC, por lo que en esta ocasión ninguna de las dos partes ha querido hacer sangre.

El Parlament ha aprobado en el pleno de este viernes presentar un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley estatal de vivienda por invasión de competencias catalanas, con el apoyo de ERC, Junts y la CUP. Tras el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que señaló varios artículos que infringían el Estatut, los tres grupos se unieron para defender la "soberanía" catalana, aunque sus diferencias hicieron devolver el rifirrafe al pleno. De hecho, se ha repetido la dinámica de cuándo se aprobó la ley en el Congreso a finales de abril gracias a ERC pero con el no de Junts y la CUP. Entonces ya comportó reproches mutuos: mientras los junteros denunciaban un ataque al autogobierno, ERC la daba por buena y lamentaba que la posición de los de Carles Puigdemont tenía motivaciones ideológicas. La CUP, por su parte, lamentaba falta de ambición y una deriva "recentralizadora". Con este recurso, el Parlament se suma a los recursos presentados por comunidades gobernadas por el PP como Madrid y Andalucía, así como el ejecutivo vasco.

El Govern anunciaba a finales de junio su intención de limitar los precios de alquiler en 140 municipios considerados "zonas tensadas" por los grandes esfuerzos económicos que debe hacer la población para acceder a una vivienda. Ahora, y una vez resueltas la cuarentena de alegaciones recibidas por parte de los ayuntamientos, las asociaciones del sector inmobiliario y las entidades sociales, la consellera de Territorio, Ester Capella, ha anunciado que se mantienen los planes –no se añade ningún municipio ni desaparece ninguno del listado–, pero se introducen dos cambios en los criterios que deberían garantizar la contención de los precios de arrendamiento en estas zonas. A partir de ahora, en el mercado del alquiler catalán, se considerará gran tenedor a aquel propietario que tenga cinco o más pisos, y no 10, como hasta ahora. Por el contrario, los promotores de pisos destinados al alquiler social serán excluidos de esta categoría.

"Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato irán a cargo del arrendador". Esta es una de las novedades que entraron en vigor con la ley estatal de vivienda: el adiós de los inquilinos a hacerse cargo de los honorarios. Desde su entrada en vigor el pasado viernes 26 de mayo estos gastos ya no pueden ser reclamadas a los inquilinos, sino que los tienen que asumir los propietarios. De hecho, antes de la ley de vivienda y con la ley de arrendamientos urbanos en la mano, alquilar un piso y que la inmobiliaria te cobrara ya era ilegal si el piso era de una empresa, y no de un propietario particular.

Ha sido una de las leyes de la legislatura más difícil de desbloquear, pero finalmente este miércoles ha llegado el visto bueno definitivo. El Senado ha aprobado la ley de vivienda estatal. La norma ha acabado el trámite sin ninguna modificación importante respecto a la votación en el Congreso de Diputados, donde se convalidó después de un acuerdo entre el gobierno español y dos de sus socios habituales: ERC y EH Bildu.

Si una ley ha sufrido un camino tortuoso ha sido la ley de vivienda estatal. La normativa no solo llegó con 12 meses de retraso al Congreso de Diputados, fruto del tira y afloja entre los dos socios de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, sino que, una vez aterrizada en la cámara baja española, el Gobierno de Pedro Sánchez la salvó in extremis después de un acuerdo con ERC. El ejecutivo español recogió el compromiso de revisar el texto para garantizar las competencias de las comunidades autónomas, una demanda de los republicanos, pero también otros socios de la investidura como el PNV y EH Bildu, que, si bien aceptaban avalar la tramitación, avisaban que esto no se traducía en un apoyo final al proyecto.

La limitación de los precios de los alquileres afectó al volumen de oferta. Así lo asegura la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona (CPUBCN), que denuncia que la ley catalana de contención de rentas hizo perder 6.956 viviendas que estaban a la espera de un nuevo inquilino durante el último trimestre de 2021. Los números que hace la entidad indican que el parque de viviendas de alquiler era de 19.348 casas antes de la aplicación de la normativa catalana que regula el precio del alquiler y que a finales de año la cifra bajaba hasta 13.410. Los datos se recogieron contabilizando las ofertas disponibles en Idealista e Incasòl antes de la entrada en vigor de la normativa y las del último día del año.