Teniendo en cuenta que la desobediencia no ha sido nunca una opción para el Govern, encontrar una respuesta en la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que lo obliga a impartir el 25% de las clases en castellano no ha sido una tarea fácil. De hecho, ahora mismo está en el aire el escrito que el propio conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha presentado ante el tribunal para convencerlo de que la Generalitat ya le está haciendo caso aunque no establezca un porcentaje para el castellano como lengua vehicular. Hace semanas que se estudian varias vías y la reforma de la Ley de Política Lingüística que se ha acabado presentando no era la única opción. Un informe del Govern elaborado por el Instituto de Estudios del Autogobierno, presidido por Joan Ridao, y al que ha tenido acceso el ARA, aconseja reformar la Ley de Educación de Catalunya (LEC) para responder a las resoluciones judiciales y defiende que no hay que establecer porcentajes, sino que la sentencia también se puede considerar ejecutada si se sitúa el castellano como lengua de aprendizaje sin más concreciones y a criterio de los proyectos lingüísticos de los centros. En su opinión, es más idóneo reformar la Ley de Educación porque es "más específica" que la Ley de Política Lingüística, que regula otros ámbitos, y aconseja hacerlo a través de un proyecto de ley (por iniciativa del Govern) porque es el ejecutivo quien tiene que comunicar las acciones que está llevando a cabo en el tribunal para cumplir con la sentencia.