Una de las grandes sorpresas de la configuración del nuevo gobierno de Salvador Illa fue el nombre de la persona que ha pasado a ocupar la consejería de Política Lingüística, uno de los compromisos acordados con ERC en el pacto de investidura. El escogido fue Francesc Xavier Vila, que ya era secretario de Política Lingüística, y por tanto el encargado de dirigir esta área bajo el gobierno de ERC. Vila es un independiente de prestigio, uno de los sociolingüistas más reconocidos del país y un auténtico experto en la materia, por lo que el nombramiento debe ser forzosamente valorado de forma positiva. Además, envía un mensaje de continuidad a una de las políticas más delicadas para cualquier ejecutivo catalán y neutraliza el temor a un cambio de dirección. Isla, por tanto, es fiel al pacto con ERC ya su compromiso de no desmontar lo que, desde la oposición, consideraba que el gobierno de Pere Aragonès estaba haciendo bien, por ejemplo en el ámbito de la cultura. De ahí que la nueva titular de este departamento sea también un excargo del anterior ejecutivo, sin carné, y experta en patrimonio y museística: Sònia Hernández.

Junts per Catalunya ha decidido separarse del pacto por el catalán en la escuela. Es una rotura histórica. El binomio escuela-lengua ha sido un pilar del catalanismo como mínimo desde 1908, cuando el Ayuntamiento de Barcelona presentó su famoso Presupuesto de Cultura, que finalmente no prosperó, pero que abrió camino. La Mancomunidad, la Generalitat Republicana y la Generalitat recuperada han tenido en la escuela un eje para conseguir la cohesión social a través del catalán como elemento integrador. En los tres casos, mandaran las derechas o las izquierdas, un anchísimo consenso político y ciudadano lo ha hecho posible. Se ha tenido como un pilar básico, fundamental. La escuela en catalán es en la sociedad catalana lo que la monarquía sería a la española. España se identifica con el símbolo de la institución más alta, suprapartidista; Catalunya lo hace con el símbolo de una institución de base, ciudadana, al margen de partidismos. Son dos amplios consensos de naturaleza diferente que retratan el carácter de cada país.

La reforma de la ley de política lingüística pactada por Esquerra, Junts, el PSC y los comuns continuará en el congelador. Según varias fuentes parlamentarias consultadas por el ARA, todavía no hay un nuevo pacto cerrado sobre cómo tiene que ser la norma y los grupos se han dado quince días más para favorecer el consenso. La primera consecuencia directa es que la reforma no se incluirá en el orden del día del próximo pleno del Parlament, fijado para la semana que viene. Un orden del día que ya ha quedado definido en la reunión de la junta de portavoces que se ha celebrado este miércoles en la cámara. Por lo tanto, los cambios legislativos sobre la lengua para tratar de blindar la inmersión tendrán que esperar todavía algo más.

Después de la tormenta de la semana pasada, la reforma de la ley de política lingüística para esquivar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a dar el 25% de clases en castellano ha ralentizado el paso. El problema no está ni mucho menos resuelto, pero los impulsores del polémico cambio normativo han decidido levantar el pie del acelerador y darse más tiempo para negociar y, sobre todo, para encontrar más apoyos entre la comunidad educativa y las entidades pro lengua. Así, si el plan inicial de ERC, el PSC y los comuns –y también JxCat, antes de descolgarse del acuerdo por las críticas del sector– era empezar el trámite parlamentario de manera inmediata para poderlo tener terminado la semana que viene, ahora se han dado de margen hasta finales del mes de abril. Sea como fuere, no lo tendrán fácil, porque este fin de semana habrá contestación en la calle: varios sindicatos de la enseñanza han convocado una concentración en contra de la modificación.

Teniendo en cuenta que la desobediencia no ha sido nunca una opción para el Govern, encontrar una respuesta en la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que lo obliga a impartir el 25% de las clases en castellano no ha sido una tarea fácil. De hecho, ahora mismo está en el aire el escrito que el propio conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha presentado ante el tribunal para convencerlo de que la Generalitat ya le está haciendo caso aunque no establezca un porcentaje para el castellano como lengua vehicular. Hace semanas que se estudian varias vías y la reforma de la Ley de Política Lingüística que se ha acabado presentando no era la única opción. Un informe del Govern elaborado por el Instituto de Estudios del Autogobierno, presidido por Joan Ridao, y al que ha tenido acceso el ARA, aconseja reformar la Ley de Educación de Catalunya (LEC) para responder a las resoluciones judiciales y defiende que no hay que establecer porcentajes, sino que la sentencia también se puede considerar ejecutada si se sitúa el castellano como lengua de aprendizaje sin más concreciones y a criterio de los proyectos lingüísticos de los centros. En su opinión, es más idóneo reformar la Ley de Educación porque es "más específica" que la Ley de Política Lingüística, que regula otros ámbitos, y aconseja hacerlo a través de un proyecto de ley (por iniciativa del Govern) porque es el ejecutivo quien tiene que comunicar las acciones que está llevando a cabo en el tribunal para cumplir con la sentencia.