Hace unas semanas, un juez dictaba la primera condena por corrupción derivada de la investigación en el Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat. Es la de los exconcejales del PSC Cristian Alcázar y Cris Plaza, que aceptaron nueve meses de cárcel por los delitos de apropiación indebida y contra la Seguridad Social: ambos simularon fraudulentamente el despido del segundo del Consell Esportiu con el objetivo de que se pudiera embolsar una indemnización de 47.147 euros, antes de saltar a las listas municipales del PSC. Pese a mantener su inocencia a lo largo del procedimiento, a última hora los dos cambiaron de versión y se declararon culpables tras un pacto con la fiscalía –que les permitirá eludir el ingreso en prisión– que incluye devolver el dinero. Ahora bien, la decisión judicial no afectará a la situación laboral de Alcázar, que es trabajador del PSC: pese a la condena por corrupción, el partido ha decidido mantenerle en plantilla, según trasladan al ARA fuentes socialistas.

Los exconcejales del PSC en Hospitalet de Llobregat Cristian Alcázar y Cris Plaza han aceptado una condena de nueve meses de cárcel por los delitos de apropiación indebida y contra la Seguridad Social. Tanto Alcázar, que era teniente de alcalde y también líder del PSC en la ciudad, como Plaza tenían que sentarse este martes en el banquillo de la Audiencia de Barcelona por el caso de la liquidación fraudulenta del sueldo que el segundo cobró cuando dejó el cargo que ocupaba en el Consell Esportiu. Por último, han llegado un acuerdo con la Fiscalía –que pedía cuatro años y medio de cárcel para ambos– y con la acusación popular ejercida por los comunes, que reclamaban seis años y sumaban el delito de malversación.

El juzgado de instrucción número 2 de L'Hospitalet de Llobregat ha archivado la investigación contra la alcaldesa de la ciudad, la socialista Núria Marín, en la causa por el presunto desvío de subvenciones al Consell Esportiu. La jueza admite la petición de la Fiscalía y de la defensa de Marín –la acusación particular se oponía a estas– al no ver "debidamente justificada la perpetración del delito". "De las pruebas practicadas y analizadas, la actuación de la señora Núria Marín [...] no puede ser calificada de delito", concluye en la interlocutoria, a la cual ha tenido acceso el ARA, y afirma que cuando la alcaldesa tuvo conocimiento de posibles irregularidades en el Consell, "adoptó las medidas que estimó necesarias para averiguar los hechos". La jueza tampoco ve indicios de que Marín, que también es presidenta de la Diputació de Barcelona y vicepresidenta del PSC, cometiera prevaricación o malversación.