Las Barnahus, los servicios integrales que la Generalitat puso en marcha para los menores víctimas de violencia sexual, están bajo mínimos. De los veintiséis profesionales que trabajan en las catorce casas que existen en toda Catalunya, sólo seis continúan en sus puestos, mientras que el resto de plazas, o están vacantes o el nuevo personal todavía no está formado. Esta situación está provocando que se retrasen los cuidados a las criaturas y una sobrecarga de trabajo para los profesionales que se han quedado.

En los últimos seis años, los casos conocidos de violencia sexual contra criaturas se han multiplicado por cinco, pasando de 2,8 cada 10.000 habitantes (2018) a 16 (2024). Sólo en este último ejercicio, los expedientes abiertos de ahí que se hayan más que duplicado. En este período, lo que ha cambiado es la apertura en 2020 de la primera Barnahus en Tarragona, un servicio importado de Islandia que trata al menor de edad agredido desde el punto de vista médico y social, pero también policial y judicial. Desde entonces, el departamento de Derechos Sociales ha implementado este tipo de atención en otros 13 municipios y ha hecho aflorar 2.897 casos nuevos, es decir, se atienden a ocho menores cada día víctimas de agresiones sexuales.

El departamento de Derechos Sociales de la Generalitat ha abierto en la ciudad de Barcelona una nueva Barnahus, la casa de las niñas y los niños. Se trata de un recurso especializado para atender a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual y sus familias. La de la capital catalana es la única Barnahus del país que está integrada por dos servicios y, por tanto, cuenta con el doble de profesionales para responder a las necesidades de la población.

La puesta en práctica del modelo Barnahus permitirá cuadriplicar la cifra de casos de abusos a menores detectados en los próximos años. De hecho, esto mismo pasó a Tarragona en el primer año de este servicio de atención integral a las criaturas que han sufrido agresiones sexuales. En una visita a las nuevas instalaciones que cubrirán la ciudad de Barcelona, ​​el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha apuntado este viernes que pueden aflorar unos 3.600 nuevos casos cada año. De momento, los trabajadores tienen sobre la mesa unas sesenta expedientes.

Cinco declaraciones y ocho años y medio después de denunciar, la andaluza Carmen Corrales espera aún se juzgue a su abuelo materno por haberla agredido sexualmente desde los 10 a los 14 años. No fue hasta que cumplió 17 cuando se sintió con fuerzas para contarle a una hermana todo lo que le había hecho una persona con la que se suponía que las unía una relación de amor y confianza. El abuelo, en cambio, se aprovechó de la nieta para violentarla pidiéndole mantener el "secreto". Este es el patrón de la gran mayoría de las violencias sexuales contra la infancia (también en mujeres adultas), ya que en ocho de cada 10 casos los agresores son hombres procedentes de su núcleo familiar o de amistad, personas de las que no se desconfía, desmontando el mito de que son "monstruos" anónimos.

El estrés, el miedo o incluso la vergüenza son sentimientos habituales entre niños y adolescentes que han sufrido abusos sexuales, a quienes se les hace difícil explicar qué les pasa por la cabeza. Para romper este bloqueo mental, en la casa Barnahus de Tarragona, un centro de la Generalitat pionero en el Estado en atención integral a estas víctimas, han introducido en la terapia psicológica los perros, con quienes los niños interactúan para ganar autoconfianza y relajarse en un intento de facilitarles el abrirse.