La Fiscalía mantiene su ofensiva contra el Procés en el Tribunal de Cuentas, pero reduce su dureza. La demanda presentada este miércoles contra 35 excargos del Govern por el 1-O y la acción exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017 rebaja hasta los 3,4 millones de euros el coste económico del Procés que reclamará en la fase de enjuiciamiento que ahora se abre. Es una tercera parte de los 9 millones de euros por los cuales los acusados tuvieron que presentar fianza. Aun así, aunque la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nombrara al frente del organismo a Manuel Martín-Granizo, de la Unión Progresista de Fiscales, el ministerio público continúa como acusación junto a Societat Civil Catalana, que hace unos días ya presentó su acusación.