"Quien revienta las libertades en este país siempre ha sido el PP. Y vigile que no le caiga ningún sobre". El 10 de abril de 2013 el diputado de la CUP David Fernàndez encendía la bancada popular en el Parlament. "¡Hemos sido amenazados!", alertó Santi Rodríguez. "Ha amenazado a este grupo diciendo que nos caería encima no sé qué", continuó visiblemente alterado. El equívoco era evidente, tal como después admitiría el mismo Rodríguez, puesto que el cupero había hecho una referencia velada al caso Bárcenas. Pero la polémica ya estaba servida y acaparó gran parte de los titulares de un pleno en que, más allá de la riña, se debatió la creación de una comisión de investigación sobre espionaje. El caso Método 3 había llevado al PP y a Cs a pedir que se aclarara el alcance del escándalo, pero CiU, ERC y el PSC tumbaron la propuesta. Y cinco años después, en 2018, la mayoría independentista impediría los intentos de impulsar una comisión sobre los supuestos seguimientos de los Mossos al entorno constitucionalista. Son los dos precedentes no exitosos de investigar el espionaje político en el Parlament, que ahora se propone –esta vez con los apoyos suficientes– indagar en el Catalangate.