¿Cómo luchar contra el clima global de involución en cuanto a derechos y libertades? Avances conseguidos a lo largo de décadas corren peligro ante la ofensiva de un populismo reaccionario que marca cada vez más la agenda y los debates públicos. Lo estamos viendo en Estados Unidos de Trump y en toda Europa. Cataluña y España no se escapan. Es en este contexto que debe entenderse la pretensión del gobierno español de blindar el derecho al aborto dentro de la Constitución. ¿Pero es un movimiento genuino o una maniobra para buscar el choque con la derecha? La exministra Irene Montero (Podemos) se ha apresurado a denunciar la supuesta maniobra del PSOE por utilizar los derechos de las mujeres para una operación de interés propio meramente partidista.

El Tribunal Constitucional (TC) avala que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. El pleno del tribunal de garantías, de mayoría progresista, ha desestimado por siete votos a favor y cuatro en contra del recurso de Vox contra varios preceptos de la nueva ley del aborto, aprobada en la anterior legislatura. De esta forma, el Constitucional da el visto bueno al conjunto del texto que impulsó el ministerio de Igualdad, entonces encabezado por Irene Montero, y que recibió la luz verde del Congreso a mediados de febrero del 2023.

Derivar a otra comunidad autónoma a una mujer que quiere interrumpir voluntariamente el embarazo dentro de los plazos legales vulnera todos los derechos fundamentales. La resolución la ha dictado el Tribunal Constitucional (TC), que obliga a indemnizar a una mujer de Murcia que tuvo que ser trasladada a Madrid con la excusa de que ninguno de los facultativos del Servicio Murciano de Salud había pedido practicar abortos en los centros de la región.

Las mujeres que sufran una regla dolorosa podrán cogerse la baja y, según el ministerio de Igualdad, la prestación la asumirá la Seguridad Social. La medida se estaba debatiendo entre los dos socios del gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, y esta tarde, fuentes del ministerio que pilota Irene Montero han anunciado que había acuerdo para sacar adelante la prestación. Ahora bien, desde el ministerio de Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, han evitado confirmar el pacto. Fuentes de este departamento afirman que no entran en cuestiones que todavía no ha aprobado el conjunto del consejo de ministros y que "impliquen varios ministerios". La medida no solo afecta al ministerio de Escrivá, sino que también salpica al de Economía, que dirige la vicepresidenta primera Nadia Calviño. La ministra expresó sus reticencias este jueves cuando aseguró que la medida "estigmatizaba" a las mujeres.