Si el exmonarca Juan Carlos I quiere volver al Estado, debería renunciar a la residencia fiscal que tiene en los Emiratos Árabes. Así lo advierten fuentes de la Casa del Rey consultadas por ARA, que creen que para "salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y, en consecuencia, la [imagen] de la Corona, debería recuperar la residencia fiscal en España". Eso supondría automáticamente pagar los impuestos al Estado y, por tanto, volver a estar bajo la lupa de la Hacienda española. Pero en el caso del emérito tiene otras implicaciones más allá de la de contribuir a las arcas públicas.

Sobre la bocina, la Casa Real y el Gobierno español podrán decir que, casi dos años después de que Juan Carlos I huyera de España asediado por la corrupción, han dado algún paso. Hace tres semanas Felipe VI anunció que tenía un patrimonio de 2,5 millones de euros –todavía hoy es cuestión de fe dar la cifra por verídica– y al día siguiente el consejo de ministros aprobó un decreto para dotar de más transparencia a la institución. El paquete de medidas, negociado por la parte socialista del Gobierno español con la Corona y con el visto bueno del PP, fue recibido con poco entusiasmo en Unidas Podemos y las formaciones soberanistas. A pesar del pasado oscuro del emérito, no ha cambiado nada que pueda impedir que su hijo actúe igual.