Carmen Castillo lleva más de cuarenta años en el psiquiatra y, ahora, a punto de cumplir 75 suele pasar por la consulta de primaria o el hospital más de lo que quisiera. Aconsejada por la hija, está a la espera de tener el botón de la teleasistencia y una valoración de grado de la dependencia para conseguir bonificación para adaptar el baño, un trámite que dice haberse enrevesado porque ha tenido que ir a la doctora que la conoce de hace años para que le haga un informe sobre cómo la artrosis le ha reducido la movilidad. "Te manejan de aquí para allá buscando quien te entienda y te atienda", se queja. Esta duplicidad de trámites es lo que pretende terminar la futura Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria (AGAISS-Cat), que ha aprobado este miércoles el Parlament, aunque, si todo va bien, no entrará en funcionamiento hasta dentro de un año, y aún habrá que esperar hasta noviembre de 2027 para que la integración de ambos servicios esté plenamente.

"El hecho de poderlo acompañar y estar con él me ha enseñado a ser más positiva. Él siempre ve las cosas desde un ángulo muy positivo. Si algo se le estropea, enseguida dice: «No pasa nada». Y es verdad, relativizas lo que pasa, cuando en otro momento habría pensado que tenía que buscar una solución inmediata. Él lo calma todo para después continuar". Lourdes explica cómo la ha ayudado a ella hacer de mentora de Brahim, un chico que forma parte del programa Referents, por el cual se ofrece a jóvenes en situación de vulnerabilidad la posibilidad de conocer a una persona para que lo acompañe durante 10 meses. En este tiempo, recibe ayuda en diferentes niveles como el emocional, el educativo o el laboral durante su proceso de emancipación. La asociación Punt de Referència, creadora del programa, ha presentado este jueves un estudio sobre los efectos de la mentoría social sobre los voluntarios.

Un paso más para acabar con las llamadas eternas o las frustrantes conversaciones con robots. El consejo de ministros de este martes ha aprobado la nueva ley de atención al cliente. La norma regulará el servicio de atención e información que ofrecen gran parte de las empresas a sus clientes y que, en caso de incumplir "gravemente" alguno de los puntos, se pueden enfrentar a multas de hasta 100.000 euros, según ha explicado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. El anteproyecto, que ahora hace el salto al Congreso de Diputados, incluye un paquete de medidas que busca poner remedio a los "quebraderos de cabeza de las familias a la hora de hacer trámites", ha dicho Garzón.