Dice el DIEC que el mascarell es un "pájaro marino de la familia de los súlidos, de unos 90 centímetros de largo, de plumaje blanco con una mancha negra en torno a los ojos" que tiene la particularidad de lanzarse al mar como un loco. En el Diccionario Català-Valencià-Balear se añade otra acepción de la palabra: "Mascarado, manchado de máscara". Éste es también el título de la traducción catalana del thriller psicológico escrito por la autora, dramaturga y poeta quebequesa Anne Hébert (1916-2000), una obra que en 1983 ganó el premio Femina y el Premio del Gobernador Central de Canadá, entre otros, y que, en francés, lleva por título Las fous de Bassan.

El independentismo catalán ha tendido a reflejarse en Quebec. Su caso es único, con dos referendos convocados, en 1980 y 1995, y dos derrotas. Incluso su acuerdo de claridad para decidir sobre la independencia fue un ejemplo para el gobierno de Pere Aragonès, que elaboró un consejo académico para imitarlo. Ahora bien, existe otro parecido en ambos casos: después de los procesos de independencia fallidos, el nacionalismo ha priorizado la lengua y también el debate sobre la inmigración. ¿En qué grado está ocurriendo lo mismo en ambos lugares, después del callejón sin salida del 1-O y la pérdida de la mayoría independentista en el Parlamento?

"No te lo he dicho, pero soy indígena, tengo un documento que me acredita como maliseito", suelta el politólogo francófono Jean-Rémi Carbonneau (Quebec, 1979) después de una hora de conversación en catalán. Pertenece a la comunidad wolastoqiyik y, aunque es políglota, nunca le han enseñado la lengua de sus ancestros. De hecho, pervive en pocas reservas; tendrá unos quinientos hablantes y la mayoría son personas mayores. “Hay que apresurarse a salvarla porque está desapareciendo”, afirma. Pero ¿siempre es posible revitalizar una lengua? “Por un lado, es cuestión de voluntad: si la gente quiere, puede hacerse. Cuando dices «el catalán morirá de todos modos», estás contribuyendo a su muerte. Es un factor individual de desaparición del catalán. Por otro, son necesarias herramientas para que tenga un rendimiento creciente, exponencial”, defiende.

Escocia y el Quebec han sido los dos referentes más claros del independentismo catalán desde el inicio del Procés por el papel del Reino Unido y de Canadá en la vehiculación de las demandas de autodeterminación. Pero, si bien el caso del Reino Unido y Escocia ejemplifica las bondades del pacto político –el referéndum del 2014 es el resultado–, la comparación con el Quebec y Canadá no sigue los mismos parámetros. Dos referéndums unilaterales en 1980 y 1995 –con fracaso de la reforma constitucional de por medio– provocaron que el gobierno estatal pidiera opinión a la Corte Suprema de Canadá para que fijara jurisprudencia sobre el tema. Lo hizo en 1998 concluyendo que la independencia unilateral no estaba amparada por ninguna ley, pero instando al gobierno canadiense a entrar en negociaciones para definir con claridad las condiciones de un eventual futuro referéndum acordado.

Acuerdo de claridad. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha atado este martes a estas tres palabras para intentar que Catalunya pueda votar durante su mandato en un "referéndum efectivo". Es la propuesta sobre autodeterminación que se comprometió a hacer durante el debate de política general y que hoy ha comunicado ante el hemiciclo. ¿Cómo se concreta? De momento ha explicado cómo empieza todo el proceso, pero todavía falta mucha letra pequeña para saber qué hay de nuevo respecto a lo que ya reivindicaba hasta ahora. Por ahora, el president lo resume así: "Un acuerdo que identifique cuándo y cómo Catalunya puede volver a ejercer el derecho a decidir. Como han hecho Canadá y el Quebec". Minutos después, la Moncloa ha rechazado la propuesta y ha considerado que los gobernantes se tienen que centrar en "las cosas importantes, las cosas de comer". La portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, ha situado la relación entre gobiernos en la mesa de diálogo, donde no se ha hablado de esta cuestión. En cambio, sí ha abierto la puerta a la reforma de la sedición, informa Ot Serra.

El gobierno del Quebec, la provincia francófona de Canadá, ha aprobado una ley de protección del francés que restringe el uso del inglés en las escuelas, ante los tribunales, en la administración pública y en las empresas. La llamada ley 96, propuesta por el gobierno conservador de la Coalición Avenir del Quebec, fue aprobada por una amplia mayoría parlamentaria de 78 votos a favor y 29 en contra, el 24 de mayo. El primer ministro quebequés, François Legault, ha felicitado al ministro responsable de la lengua francesa, Simon Jolin-Barrette, por la que calificó como "la reforma más importante" desde la adopción de la ley 101 en 1977, que convertía el francés en la única lengua oficial.