Los partidos políticos son piezas básicas del sistema democrático. Indiscutible. Y al mismo tiempo, los partidos políticos son hoy responsables directos del distanciamiento ciudadano con respecto a la democracia como sistema de representación y gobernación. Esta contradicción se ha ido haciendo tangible en las últimas décadas como cuestión crítica y parte de la explicación del crecimiento de las opciones populistas y antidemocráticas.

No aparece de forma explícita en la Constitución española de 1978, pero el marco electoral establecido por real decreto en 1977 y consolidado por la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) ha marcado en grande la política española y catalana. A diferencia de lo que hacen un centenar de constituciones de todo el mundo, la española incluye pocos detalles sobre el sistema electoral: que el Congreso debe tener entre un mínimo de 300 y un máximo de 400 escaños (tiene 350 desde 1977), que la circunscripción electoral debe ser la provincia y que tendrá una forma de la población inicial y una "presentación mínima" los diputados se realizará con "criterios de representación proporcional". La LOREG consolidó en 1985 que a cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos escaños y que la fórmula de Hondt sería la utilizada para repartirlos.

Con el nuevo gobierno de la Generalitat se inicia un nuevo ciclo político en Cataluña. Como era inevitable, estas primeras semanas se ha hablado mucho de los nombramientos de consejeros y algunos otros altos cargos y de los compromisos asumidos en el acuerdo de investidura entre PSC, ERC y Comuns, como el nuevo modelo de financiación singular o el traspaso de Cercanías. También se han conocido ya algunas prioridades de gobierno, como un necesario impulso a la ley de barrios, el refuerzo de determinadas políticas públicas o una importantísima y urgente reforma de la administración catalana. Todo esto son buenas noticias. Pero existe un ámbito del que nadie habla y que, en cambio, es crucial para Cataluña: el gobierno Isla debería impulsar un verdadero proyecto de regeneración democrática catalana. Aquí explico por qué es necesario y cuáles deberían ser, en mi opinión, sus claves.

Alberto Núñez Feijóo se pasó la campaña del 23-J defendiendo que sólo tenía legitimidad para gobernar el partido que ganara los comicios. "No merezco ser presidente si pierdo las elecciones". Incluso ofreció firmar un pacto al candidato socialista, Pedro Sánchez, para que se comprometieran mutuamente a dejar presidir el gobierno en el partido que ganara las elecciones. "Es lo que ha ocurrido siempre, todos los candidatos más votados en España han gobernado: Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy e incluso Pedro Sánchez. Todos han gobernado después de ganar las elecciones . No hay ningún presidente del gobierno que haya gobernado después de haber perdido las elecciones", volvió la noche del 23-J. Pero Feijóo se olvidaba de dos cosas haciendo estas afirmaciones: que barones populares como Isabel Díaz Ayuso habían llegado al poder sin haber ganado las elecciones y que en un sistema proporcional, como el que reina en España, es presidente quien reúne más apoyos, independientemente de quien haya ganado las elecciones.

¡Qué lección de democracia nos ha dado Reino Unido este lunes! Después de cuatro días de celebración de los setenta años de reinado de Isabel II, con una emoción difícil de entender desde nuestra mirada desconfiada con la monarquía, los británicos han tenido un lunes de política intensa, en que se han mostrado todas las calidades de su democracia. Un primer ministro ha sido sometido a censura por parte de los diputados de su partido, que lo solicitaron en cartas firmadas individualmente hasta lograr una cifra que el miembro responsable de atender estas quejas consideró que obligaba a emitir un voto explícito entre los diputados del Partido Conservador. La votación se convoca para el mismo día y el primer ministro, Boris Johnson, la supera, pero constata la magnitud de la oposición interna. Un resultado que debilita el Partido Conservador, pero que fortalece la democracia británica.