Si su nombre se abre camino en la votación en el pleno del Parlament prevista para la próxima semana, el magistrado Josep Tomàs Salàs dejará pronto las sentencias judiciales por la dirección de la Oficina Antifrau. Hasta ahora ha sido el delegado de los juzgados de lo penal de Barcelona, ​​y entre los que hasta ahora eran sus compañeros hay cuatro jueces a los que él mismo había formado cuando se preparaban para las oposiciones. De hecho, su entorno asegura que habría dedicado más tiempo a la docencia de no ser por la limitación de 75 horas anuales a las que deben ceñirse los jueces. Salàs, de 64 años, ha dicho que si dirige Antifrau será un líder "discreto" -tampoco tiene redes sociales ni interés en tenerlo- y su perfil supone continuar la línea del hasta ahora director de Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, con quien había trabajado estrechamente cuando fue su jefe de gabinete en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

Hace casi 15 años que impulsamos mejoras en la calidad institucional de nuestras administraciones con el objetivo de lograr una mayor complicidad con la ciudadanía y, por tanto, una mayor legitimidad social. Se trata de un conjunto de reformas orgánicas como la transparencia, la rendición de cuentas, la Administración abierta, la integridad y lucha contra la corrupción, sistemas internos de compliance, etc. Todo esto se desplegó con buen criterio, ya que estos ingredientes de calidad institucional representaban la eterna asignatura pendiente de las administraciones nacionales en comparación con las de los países más avanzados y maduros en el plano democrático. Pasar de la retórica a la práctica no ha sido sencillo y las administraciones han tenido que invertir un extraordinario volumen de recursos para poder implantar estas estrategias. El resultado de todo esto genera dos paradojas. La primera: que, de forma sorprendente, los ciudadanos de a pie han acogido con absoluta indiferencia todas estas novedades. La segunda: que los esfuerzos organizativos por cumplir estas nuevas exigencias han ido en detrimento de la calidad de los servicios públicos y, en estos momentos, la legitimación social de las administraciones públicas está, seguramente, en su momento más bajo en las últimas cuatro décadas. En definitiva: hemos impulsado unos instrumentos para gozar de mayor complicidad social y el resultado ha sido justo lo contrario. Ponemos sobre la mesa algunas reflexiones sobre lo que ha ocurrido durante los últimos años:

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, después de conocer el informe de la Oficina de Antifraude, ha decidido que acepta su dimisión. El ente que preside el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha concluido que Andreu no gestionó la situación correctamente, puesto que su relación de parentesco es una causa de conflicto de interés. El hecho de que la secretaria general del Parlament, como reveló Efe, no comunicara a la mesa su relación de parentesco con uno de los aspirantes a cubrir la plaza concluye Antifraude que es un incumplimiento de sus obligaciones.