Hay 400.000 hogares en todo España que tendrían derecho a recibir el ingreso mínimo vital (IMV) pero que no lo solicitan. Es lo que en inglés se denomina non-take-up. Detrás está la compleja tramitación de este tipo de prestaciones, la falta de información alrededor de la ayuda, el miedo a no recibirla porque ya se está cobrando alguna otra prestación, como por ejemplo el paro, o incluso el estigma, entre otros motivos. Así lo concluye la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su primer análisis sobre el IMV desde que se puso en funcionamiento justo con el estallido de la pandemia, en junio del 2020.