El bicitaxi tiene los días contados en Barcelona y Catalunya. El ayuntamiento de la capital y el gobierno del país se han puesto de acuerdo para eliminarlos a través de una modificación de la ley del taxi que entrará en vigor a principios del 2023 que hará ilícita esta modalidad en todo el territorio. Los argumentos a favor de acabar con esta práctica son obvios: la precariedad laboral que rodea a los conductores, la imagen que da de Barcelona –"no es Bombai", ha llegado a decir el teniente de alcalde Jaume Collboni–, las molestias para los vecinos de las zonas turísticas más concurridas, la entorpecimiento del tráfico ciclista por los carriles dobles, el hecho de que sea un servicio privado no regulado... Al otro lado de la balanza está la evidencia de que se pierde un servicio de taxi no contaminante y silencioso, dos objetivos que forman parte del horizonte de una ciudad más habitable. En todo caso, sumando y restando, parece claro que la erradicación de este tipo de transporte de alquiler es lógica tal como se estaba ofreciendo, a pesar de que en un futuro, de una manera más regulada y con unos pocos circuitos fijos y preparados para acoger estos vehículos, podría llegar a tener sentido. Ahora mismo, sin embargo, era un peligroso sálvese quien pueda.

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han acordado prohibir la actividad de los bicitaxis en todo Catalunya con una modificación de la ley del taxi. La nueva legislación excluirá las bicicletas y los triciclos de las características que se exigen a un vehículo para que pueda ser un taxi (artículo 20.1), y se prevé que entre en vigor a principios del 2023. Lo han anunciado este martes el primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni, y el secretario general del departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, Ricard Font.