Venta ambulante ilegal, drogas en la vía pública y un aumento disparado de suciedad. Es lo que denuncian que vienen viviendo desde hace meses muchos de los vecinos y comerciantes del barrio de Sant Antoni de Barcelona. "Hemos llegado al límite: o lo denunciamos ahora o irá a peor. Queremos que haya una reacción en el ámbito político", afirman desde Sant Antoni Encants, una de las asociaciones del barrio que el lunes emitieron una carta dirigida a las concejalías del Eixample y Ciutat Vella para expresar el descontento por la "degradación que sufre". En él detallan que el incremento de conductas incívicas afecta a la convivencia vecinal y, de rebote, repercute directamente en los comercios locales.

Meses por recibir una prestación social, años de espera para una plaza de residencia pública o el descontento por un mal servicio. La lentitud a la hora de dar respuesta a la ciudadanía se debe a que la administración catalana es "lenta, complicada, excesivamente burocrática y obsoleta en algunos casos". Son palabras de la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, quien ha entregado el informe anual de la institución al presidente del Parlament, Josep Rull, en el que advierte que las quejas crecen a un ritmo muy rápido. En gran parte, el responsable de esta tendencia es el caos diario de Cercanías: si el pasado año llegaron 160 quejas por el mal funcionamiento de los trenes, en los dos meses y medio del 2025 ya suman 397, más del doble.

Las reclamaciones de los clientes de la banca reciben mayor apoyo del Banco de España y menos de las propias entidades. Es una de las conclusiones de la memoria de reclamaciones del 2022 que el organismo supervisor ha publicado este viernes. En concreto, del total de reclamaciones que los clientes presentaron directamente al servicio de atención al cliente (SAC) de las entidades (840.311 reclamaciones) sólo un 34,4% se resolvieron favorablemente al reclamante. El resto, un 65,6% (551.664), se resolvieron a favor del banco. De estas últimas, un ínfimo 6,2% dieron el salto al Banco de España. Es decir, el cliente fue a buscar la razón al organismo supervisor, pero la mayoría optó o bien por desistir, es decir, dejar el proceso de reclamación, o ir a los tribunales.