Hace más de diez años, en medio de la Gran Recesión, los dos principales partidos en el Estado, PSOE y PP, acordaban una reforma de la Constitución para asumir y cumplir con la reducción del pasivo que exigía Bruselas a los países más endeudados. Aquello supuso el nacimiento de un corsé permanente para el gasto público fijado en la carta magna española bajo el nombre de "estabilidad presupuestaria" y allanaba el camino para que más tarde, en el 2012, el gobierno de Mariano Rajoy (PP) aprobara la llamada ley de estabilidad presupuestaria. Todo ello exigía a las administraciones públicas ser muy restrictivas con el gasto.

Los de 2023 –si salen adelante– pueden ser los últimos presupuestos generales del Estado aprobados sin reglas fiscales europeas (y también españolas). "Pueden", porque de hecho estas normas ya tenían que volver el año que viene, o esta era la intención inicial de la Comisión Europea. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha obligado a Bruselas a cambiar sus planes y a prorrogar, de nuevo, la suspensión temporal de las reglas fiscales, aprobada excepcionalmente con la pandemia del covid-19. Ahora, el año marcado en rojo en el calendario es el 2024. Pero la incógnita es si el pacto fiscal volverá tal como se conocía o si la Comisión Europea decidirá tocar unas reglas del juego que, a ojos de algunos países, no pueden ser ni homogéneas ni tan estrictas como hasta ahora.