"Ya no recuerdo nada de las polémicas anteriores. El pasado es pasado". Con estas palabras el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, ha dado por superado el conflicto con el gobierno español por el Parque Nacional de Doñana (Huelva). Moreno y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, firmaron este lunes un "acuerdo histórico" que pone punto y final a casi dos años de tensión entre administraciones. "Se retira definitivamente la proposición de ley", ha afirmado Moreno, quien ha reivindicado que el pacto logrado aporta "una mejor solución". Esta norma que ahora decaerá, impulsada por el PP de la mano con Vox, es el motivo de la confrontación. Planteaba legalizar 1.500 hectáreas irregulares de regadío en Doñana pese a la situación crítica del parque.

En plena precampaña de las autonómicas y municipales del 28-M y de las generales de finales de año, vuelve a producirse un fenómeno que es cíclico, pero que a veces se reaviva, como ahora, con especial intensidad. Se trata de la derivación de los conflictos hacia el ámbito de los tribunales, reclamados por todos lados, como si fuera posible solucionar en las sedes judiciales lo que no se sabe cómo resolver en las instancias políticas. Muchos aspectos de la vida del país se plantean como batallas legales, a menudo en el ámbito penal –lo cual es obligado cuando hablamos de corrupción–, pero también en el ámbito contencioso administrativo, por decisiones del poder ejecutivo.

La laguna de Santa Olalla, la última masa de agua permanente que quedaba en el Parque Nacional de Doñana, se ha secado del todo. Era la más grande de este paraje natural protegido, pero ha acabado sucumbiendo a los estragos de la sequía y, también, a la sobreexplotación del acuífero subterráneo que tendría que alimentarla. Hoy solo es un "pequeño charco" incapaz de alimentar a las aves acuáticas que acostumbran a habitarla, explica al ARA el director de la Estación Biológica de Doñana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloy Revilla.