La puesta en práctica del modelo Barnahus permitirá cuadriplicar la cifra de casos de abusos a menores detectados en los próximos años. De hecho, esto mismo pasó a Tarragona en el primer año de este servicio de atención integral a las criaturas que han sufrido agresiones sexuales. En una visita a las nuevas instalaciones que cubrirán la ciudad de Barcelona, ​​el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha apuntado este viernes que pueden aflorar unos 3.600 nuevos casos cada año. De momento, los trabajadores tienen sobre la mesa unas sesenta expedientes.

Cuatro años después de que las residencias se convirtieran en el punto crítico de la pandemia, las conclusiones del grupo de trabajo del Parlamento sobre el que falló para que de los 30.000 muertos atribuidos a la cóvide unos 9.000 fueran residentes de geriátricos, no señala responsables. A lo largo de este tiempo, los centros han ido recuperando la normalidad, pero en muchos aspectos no han terminado de corregirse las deficiencias estructurales que arrastra el sector. Lo que sí se ha reafirmado es la tendencia de que las personas que ingresan son grandes dependientes, con las facultades cognitivas muy afectadas y que ya no pueden ser cuidadas en casa, sino que requieren cuidados profesionalizados.

El consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha admitido que se ha retrasado en el pago de el aumento para la PEV, la prestación económica que ayuda a las familias a pagar una plaza de residencia privada. En octubre, el departamento anunció un incremento que para los usuarios con menores ingresos suponía pasar de recibir 474 euros a 1.238 euros, es decir casi el triple. En el último pleno en el Parlament, sin embargo, el conseller comunicó que ha habido "problemas técnicos" inesperados para poder realizar las actualizaciones. Esto significa que los beneficiarios no están cobrando el incremento aprobado, entre un 17 y un 65% más, en función del nivel de renta.

El Gobierno abre la posibilidad de retirar la tutela a la familia de los menores inimputables penalmente que cometan una agresión sexual si no siguen los programas sociales que se les imponen desde la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). Ésta es una de las acciones que se ha comprometido a sacar adelante el departamento de Derechos Sociales para evitar la sensación de "impunidad" ante los delitos sexuales de los adolescentes menores de 16 años, que por ley no pasan por el circuito de la justicia juvenil pero sí por uno de acompañamiento para ayudarles en la rehabilitación y en la reparación de sus víctimas. La diferencia es que, hasta ahora, la retirada de la custodia es una medida que se puede valorar en casos en que se constate desatención o abandono por parte de los padres y que a partir del próximo año se quiere protocolizar. En este sentido, el consejero Carles Campuzano ha defendido que las familias "deben asumir la responsabilidad de sus hijos".

Alcalde, conseller, presidenciable. Hay pocos papeles que Quim Nadal (Girona, 1948) no haya tocado en los últimos 43 años, y ahora, cuando ya parecía retirado, ha aceptado afrontar una nueva etapa como titular de la conselleria de Universidades. Cuando Nadal entró en política apenas se acababa de instaurar la democracia –Pere Aragonès todavía no había nacido– y, durante 23 años, fue alcalde de Girona, reconocido por la reforma del Barri Vell. Con las mayorías absolutas conseguidas, se fue haciendo un hombre fuerte en el PSC y en 1995 incluso fue candidato a president de la Generalitat. En 2002 dejó la alcaldía de Girona y, un año más tarde, el president Pasqual Maragall lo fichó como responsable de Política Territorial y portavoz del Govern del tripartito. José Montilla lo mantuvo en su ejecutivo, con la misma cartera, hasta 2010.