Solo 48 familias vulnerables tienen instalado un contador social de luz en Cataluña. Dos años y medio después de que se anunciara la medida en el marco de un convenio entre la Generalitat y Endesa para evitar los pinchazos eléctricos y los riesgos que ello conlleva, lo que debía ser una medida contra la pobreza no pasa de datos de un tímido plano piloto. Sobre esta poca implementación ha puesto este lunes el foco la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, en la presentación en el Parlament de su informe para analizar las políticas públicas contra la pobreza energética. Para la síndica, ya deberían haberse instalado "miles" de contadores por todo el país, teniendo en cuenta que Cataluña está en el top 10 de países europeos con más habitantes empobrecidos y que en una década se ha casi cuadruplicado la población que no puede permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada. En España la cifra se ha doblado, hasta situarse en el 17% en 2022. "Cataluña está en posición de fragilidad en pobreza energética", ha dejado dicho ante los diputados.

Familias vulnerables o pobreza energética son conceptos que en los últimos años han entrado con fuerza en el vocabulario de los medios de comunicación. La guerra en Ucrania ha agravado este problema y el gobierno español ha establecido una serie de medidas para aligerar el peso de las familias. Algunas, como la rebaja del IVA o del impuesto a la electricidad, son automáticas, pero otras requieren un cierto conocimiento de los mercados energéticos y cierta proactividad por parte de los usuarios.