En abril de 2021, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó un plan que permitía aplicar criterios urbanísticos para, en la práctica, impedir que abrieran nuevos locales de juego y apuestas en la ciudad. El objetivo era hacer más restrictivas las normas del Govern, que es quien otorga las licencias y que ya tenía un tope fijado para estas actividades en el conjunto del país, y garantizar que, a partir de entonces, la cifra de 51 establecimientos de este tipo que hay en la ciudad (35 salones de juego, 15 bingos y 1 casino) se mantuviera e, incluso, tendiera a la baja. Se estipulaba que no podría abrir ninguna sala de juego a menos de 800 metros de cualquier centro educativo, ni a 450 metros de equipaciones como centros de salud o bibliotecas.