El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha propuesto poner fin a las prácticas abusivas en los contratos de alquiler. Ahora, además de perseguir a grandes inmobiliarias –este mismo jueves abrió un expediente a una compañía–, informará a propietarios y inquilinos de cuáles son las cláusulas ilícitas más frecuentes detectadas en los contratos de alquiler de una vivienda habitual. Lo hará a través de las organizaciones más representativas del sector, ya sean organizaciones de propietarios (patronales o grandes inmobiliarias) o aquellas vinculadas a la defensa de los inquilinos, por ejemplo el Sindicat de Llogateres. "El objetivo es prevenir posibles vulneraciones y favorecer una correcta aplicación de la ley", indican desde el ministerio que pilota Pablo Bustinduy.

En 2024 se encamina a ser un año de récord en lo que se refiere a las reclamaciones que el Banco de España recibe por parte de los clientes de las entidades financieras. Sólo durante los primeros seis meses del año ya se han abierto 38.619 expedientes y el organismo supervisor estima que se podrá llegar a una horquilla de entre 55.000 y 60.000 expedientes, tal y como ha apuntado el director que supervisa la conducta de las entidades, Fernando Tejada, en un encuentro informativo este miércoles. La previsión se ha dado a conocer en el marco de la publicación de la Memoria de reclamaciones correspondiente al ejercicio de 2023.

El juzgado de primera instancia 31 de Barcelona ha dictado la primera sentencia en el estado español que declara la nulidad, por abusivas, de nueve cláusulas incorporadas en un contrato de alquiler del fondo de inversión Azora, el tercero con más viviendas en todo el Estado, de las cuales 13.000 son de alquiler. Sílvia Torres, vecina de Granollers, se encontró de un día para otro que la empresa propietaria del piso donde vive de alquiler –una filial de Azora– le quería triplicar el alquiler, sin ningún argumento. De 690 euros mensuales a 1.100. Torres, asesorada por el Sindicat de Llogateres y el Colectivo Ronda, llevó su caso a la justicia, que inicialmente le ha dado la razón. Entre otras cosas, el juzgado asegura que la cláusula de bonificación de la renta que permitía a la empresa aplicar la subida a partir del tercer año de contrato es "abismal" y contradice la normativa vigente.