Nueva sacudida interna en Prisa, que afecta esta vez a uno de los lugares más delicados del imperio mediático: la dirección del diarioEl País. Pepa Bueno dejará de comandar el rotativo en los próximos días, quien tomará el relevo es Jan Martínez Ahrens, hasta ahora director deEl País América, tal y como se ha comunicado ya en la redacción. Éste es el último de los eslabones de una cadena de cambios operados por el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, que tienen una derivada política clara, consistente en marcar distancias con la Moncloa.Bueno dirigía el diario desde julio del 2021.

Prisa tiene el diario generalista con más lectores en España. Prisa tiene la radio con más oyentes. Pero Prisa no tiene una televisión, tras varias probaturas fallidas, y ésta es una espina que seguirá clavada en el conglomerado mediático. El anuncio de que el gobierno de Pedro Sánchez quería sacar a concurso una nueva licencia de un canal generalista de TDT había activado la maquinaria del grupo para poder optar a ella, confiando en que la sintonía editorial con el PSOE sumaría puntos a la hora de obtenerla. La iniciativa la lideraba el presidente de Prisa Media, Carlos Núñez, pero en los últimos días un cambio de guión brusco ha desatado una división interna en el seno del grupo. El presidente, Joseph Oughourlian, ha descartado sacar este proyecto adelante, lo que ha provocado la dimisión de Núñez.

Uno de los argumentos del unionismo para combatir el independentismo siempre fue que España era un estado de derecho en el que la separación de poderes funcionaba perfectamente, mientras que una Catalunya soberana rápidamente podía deslizarse hacia una especie de Kosovo, un estado iliberal ahogado en la corrupción. Pero mira por dónde que ya todo el espectro de la izquierda española, incluidos pilares tan básicos del régimen del 78 como el diario El País, habla abiertamente de lawfare, es decir, de cómo la justicia interfiere en el resto de poderes por motivaciones políticas.

Uno de los grandes debates periodísticos de los últimos años es cómo tratar a la extrema derecha o a personajes populistas que sabes que utilizarán toda ventana mediática para sacar provecho. O sea, cómo hacer compatible el derecho a la información de los lectores con no ser manipulados y acabar beneficiando a estos actores políticos. Un buen ejemplo de esto es lo que le ha pasado a El País con la entrevista a Alvise Pérez que publicó el lunes tanto en la edición de papel como en la web. Alvise puso como condición grabar la entrevista porque tenía miedo a ser manipulado. El País lo aceptó, pero pidió un compromiso por escrito en el sentido de que no utilizaría la grabación salvo en caso de que hubiera una manipulación flagrante. El hecho es que, como siempre ocurre en estos casos, Alvise incumplió su compromiso y, antes de que la entrevista saliera publicada, lanzó por sus redes un montaje de la entrevista en la que recopilaba las interrupciones que había habido y los momentos de tensión con el periodista, Miguel González, cuando este intentaba que no lanzara falsas acusaciones ni insultara a nadie. Después de todo, la entrevista le ha servido a Alvise para victimizarse y hacerse propaganda, que era exactamente lo que El País quería evitar.

El consejo de administración de Prisa Media ha decidido, por unanimidad, destituir a Juan Luis Cebrián como presidente de honor deEl País. El cese del periodista, una figura clave en el mundo periodístico español, ha sido por "incumplimiento de contrato": no había solicitado la preceptiva autorización para colaborar con otro medio de comunicación, en este caso, The Objective. Pero esta falta es sólo el pretexto para cortar el último hilo que ataba a quien fue ideólogo y factótum del grupo durante sus años de máximo esplendor: la distancia entre quien fue director fundador del diario más vendido en España y la actual cúpula empresarial hacía años que se iba ensanchando.

Un lector del diario El País, de nombre claramente plurinacional, Xosé María Torres Bouza, se queja a la defensora del lector, Soledad Alcaide, por el hecho de que a Carles Puigdemont se le llame "fugado de la justicia" en sus informaciones. Y lo hace con argumentos muy convincentes: a) Está localizado en Waterloo; b) Está a disposición de los tribunales belgas; c) Usa su defensa legal como cualquier acusado. A partir de ahí, Alcaide recurre a un catedrático de Derecho Penal, Manuel Cancio, quien afirma que "fugado" no es un término jurídico porque no existe el delito de fuga y explica que, técnicamente, Puigdemont es "una persona que ha sido procesada en rebeldía". Como el catedrático no le resuelve la papeleta, Alcaide recurre al director adjunto de la edición catalana del diario, Miquel Noguer, quien afirma que en periodismo "hay que utilizar un lenguaje comprensible y que describa la realidad". Noguer considera que "fugado encaja descriptivamente" con la situación de Puigdemont (aunque cuando se marchó a Bélgica no había ninguna orden de detención contra él), mientras que cree que "exiliado" o "represaliado" añaden una connotación de persecución política.

El diario El País publica una encuesta este lunes que no solo prevé que si se repitieran las elecciones el bloque PSOE-Sumar saldría reforzado respecto a PP-Vox, sino que el electorado progresista avalará sin demasiados problemas una amnistía para los encausados del Procés. En efecto, la del diario de Prisa es la primera encuesta que pregunta explícitamente sobre si está a favor de la "desjudicializar el conflicto catalán", y la respuesta es que un 44% están muy o bastante de acuerdo, mientras que sólo uno 40% están bastante o muy en contra. Y si miramos al electorado socialista, que es el único que de verdad podría preocupar a Pedro Sánchez, la realidad es aún más favorable: un 61,9% están a favor.

El País se suma con un editorial a la amplia campaña mediática y política de defensa del propietario de Mercadona, después de que Ione Belarra lo señalara como responsable de prácticas abusivas y lo llamara capitalista despiadado.