El conflicto interno en la Fiscalía ha terminado con el aval de la posición de la número dos del ministerio público. Una mayoría de la Junta de Fiscales de Sala se mostró a favor del criterio fijado a sus subordinados, de pedir la inadmisión de la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha ordenado que se opongan a la admisión de las querellas presentadas contra la Fiscalía por revelar la negociación legal con Alberto González Amador. Por ahora, aparte de la del novio de Ayuso, hay otra presentada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Dos policías pararon un coche en Estepona, en Málaga. La chica que lo conducía tenía 18 años y había bebido. Los dos agentes abusaron sexualmente de ella: la violaron. En 2018 fueron detenidos y entraron en prisión provisional, a pesar de que salieron al cabo de poco tiempo pagando una fianza. La Fiscalía pidió 30 años de prisión; la acusación particular, 33. En abril del 2022, antes de celebrarse el juicio, las partes llegaron a un acuerdo de conformidad: dos años de prisión para cada uno, una pena que quedaba suspendida si participaban en un curso de educación sexual, y 80.000 euros de indemnización. El presidente de la sección octava de la Audiencia Provincial de Málaga emitió un voto particular: había riesgo de reincidencia y, a pesar de que todas las partes estuvieran de acuerdo, incluyendo la víctima, en la rebaja de la pena, lo que pasó no se ceñía solo a un ámbito privado, sino que había un claro "interés público": "De alguna manera, estos delitos nos afectan a toda la sociedad".