Manuel Naharro Gata es la segunda persona con mayor poder institucional en Extremadura desde que ha sido elegido esta semana como presidente del parlamento autonómico. Nacido en 1986, es alcalde de Valencia de Mombuey desde 2007, pueblo de 700 habitantes, cuando apenas tenía 21 años. Compaginó este cargo con un ascenso al PP, donde es presidente provincial de Badajoz desde 2021, y persona de confianza de la presidenta extremeña, María Guardiola, que le defendió con uñas y dientes de la acusación de cometer un delito contra la libertad sexual (que quedó archivada judicialmente).

Todos estos que encuentran bien vivir en una dictadura no es que tengan ganas de ser sometidos, reprimidos o castigados si no hacen o no son lo que toca. Es que consideran que ellos hacen –y son– lo que toca y que, por tanto, en una dictadura ellos serían, en todo caso, parte de los represores y no de los reprimidos. Por eso les gusta la idea: no son idiotas. Se imaginan que se sacudirían de encima unos pocos indeseables.

Estos días muchos medios y políticos de derechas se han dedicado a construir un nuevo terror sexual: “¡Se está excarcelando a violadores!”, “¡La seguridad de las mujeres está comprometida!”. Los partidos de gobierno han respondido con campañas de comunicación donde lo que importa es salvar votos o atizarse entre ellos para marcar diferencias ante las inminentes elecciones. Si algo evidencia este caso es un rasgo de la política contemporánea donde la verdad no importa, sino que se construye a golpe de argumentario. El resultado parece que será un nuevo endurecimiento penal en un país que tiene una de las poblaciones carcelarias más numerosas de toda Europa mientras mantiene índices de criminalidad muy bajos.