Vistos los antecedentes, había que ser muy confiado para creer que el Supremo facilitaría dejar en nada la respuesta penal al Procés. No lo hizo cuando dictó sentencia condenando a los principales dirigentes independentistas por los delitos de sedición y malversación, y tampoco lo hizo más tarde, cuando el gobierno de Pedro Sánchez se decidió a indultarlos. El informe negativo que los magistrados de la sala de lo penal elaboraron entonces ya impidió que las medidas de gracia pudieran incluir la malversación. El indulto, por lo tanto, ya tuvo que ser parcial, conservando intacto el reproche del mal uso de los fondos públicos. Y el intento de quitar ahora esta piedra del zapato de los principales líderes del Procés ha resultado, como se podía prever, infructuoso.