Habitualmente, endurecer el Código Penal es una solución fácil y demagógica para combatir el crimen, pero a veces la realidad obliga a hacer ajustes que son absolutamente necesarios si se quiere asegurar la seguridad en el espacio público. Es el caso de la propuesta que, según ha podido saber el ARA, la Generalitat ha trasladado al gobierno español, en concreto a la Moncloa y también al ministerio de Justicia, para duplicar y en algunos casos incluso triplicar las penas por llevar armas prohibidas o sin permiso (actualmente las penas van de uno a tres años de prisión). También se propone crear un nuevo tipo penal para castigar la mera exhibición de estas armas en el espacio público –ahora mismo no está castigada–, que tiene unos efectos claramente intimidatorios.

Vistos los antecedentes, había que ser muy confiado para creer que el Supremo facilitaría dejar en nada la respuesta penal al Procés. No lo hizo cuando dictó sentencia condenando a los principales dirigentes independentistas por los delitos de sedición y malversación, y tampoco lo hizo más tarde, cuando el gobierno de Pedro Sánchez se decidió a indultarlos. El informe negativo que los magistrados de la sala de lo penal elaboraron entonces ya impidió que las medidas de gracia pudieran incluir la malversación. El indulto, por lo tanto, ya tuvo que ser parcial, conservando intacto el reproche del mal uso de los fondos públicos. Y el intento de quitar ahora esta piedra del zapato de los principales líderes del Procés ha resultado, como se podía prever, infructuoso.