Torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, sustracción de menores, homicidios agravados y privación ilegal de la libertad. Son delitos cometidos en España entre el 17 de julio del 1936, día del alzamiento militar contra la Segunda República, y el 11 de septiembre del 1978, cuando la policía asesina al militante comunista Gustau Muñoz en una manifestación en Barcelona. Este es el marco temporal que comprende la querella argentina contra los crímenes del franquismo, una causa judicial iniciada en 2010 por familiares de víctimas de la represión que ha ido sumando particulares, organizaciones y ayuntamientos y que recientemente ha hecho posible la exhumación del militante del PCE Cipriano Martos en una fosa de Reus. Mientras el Tribunal Constitucional español estudia el recurso interpuesto por Vox contra la nueva Ley de Memoria Democrática, en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal núm. 1 de Buenos Aires la jueza María Servini (San Nicolás de los Arroyos, 1936) investiga con insistencia este periodo de la historia reciente de España con la voluntad de hacer justicia. A los 86 años y todavía en activo, es la única magistrada en el mundo con una causa abierta contra altos cargos de la dictadura franquista. Nos recibe en su despacho, en el Palacio de Justicia de la Nación Argentina, en Buenos Aires.